La disputa en torno al reconocimiento del sello partidario de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio de Entre Ríos ha tomado un nuevo giro judicial.

Una audiencia celebrada el 7 de febrero de 2025 en el Juzgado Federal de Paraná puso en evidencia denuncias de irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo en Concordia, uno de los departamentos de la provincia, generando preocupación en los militantes y simpatizantes del espacio político.

Proceso electoral en entredicho

La controversia surge a raíz de la interna disputada para elegir autoridades departamentales en Concordia. Según el acta de audiencia, en un proceso que debió contar con la participación de los 550 afiliados del partido, la elección se organizó para que solo 100 personas pudieran votar.

Durante la jornada electoral (que se extendió por 3 horas con una única mesa y un único cuarto oscuro, pese a existir otra sala disponible) se denunciaron serias demoras y problemas logísticos que afectaron el normal desenvolvimiento del acto. Las altas temperaturas (38 grados), la humedad y el desfase en la atención generaron largas filas y aglomeraciones, complicando el acceso de los votantes al establecimiento.

Denuncias y discrepancias en el conteo

El epicentro de la disputa se centra en las declaraciones del señor Leandro Emmanuel Rivero, apoderado de una de las facciones internas.

Durante la audiencia, Rivero sostuvo que existió una diferencia de 15 sobres en el recuento de votos, en tanto que el padrón registró 166 firmas, mientras se contabilizaron 181 sobres.

Este desajuste, según su argumentación, afectó de forma decisiva el resultado final de la votación, el cual favoreció a la lista 2A (con 103 votos frente a los 77 de la lista 2B, más un voto nulo) generando una diferencia de 26 votos a favor de la primera. Además, se criticó la ausencia de firmas en varios sobres y la supuesta parcialidad de algunas autoridades presentes, en contraposición a lo que se exige en términos de neutralidad durante el proceso electoral.

La respuesta institucional y el pronunciamiento judicial

En el marco de la audiencia, el juez federal de Paraná, doctor Leandro Damián Ríos, escuchó tanto las manifestaciones de Rivero como las argumentaciones del apoderado partidario, Hernán Alberto Viola. Este último puntualizó que, a pesar de los inconvenientes registrados (como la insuficiencia de mesas y la desorganización en la atención a los votantes) no se presentó evidencia de maniobras fraudulentas o intenciones de alterar la voluntad popular.

En consecuencia, y amparándose en disposiciones del Código Electoral, el tribunal decidió validar la elección y otorgar la presidencia departamental a la lista 2A. No obstante, la controversia continúa, pues se ha disuelto el caso al correr vista al Ministerio Público Fiscal, quien deberá pronunciarse por escrito en el plazo de ley sobre los hechos denunciados.

Un sello en disputa

El caso, identificado con el expediente 9671/2023, marca un episodio crítico en la historia interna de La Libertad Avanza en Entre Ríos. La polémica no solo pone en tela de juicio aspectos organizativos y logísticos del proceso electoral, sino que también suscita dudas sobre la correcta representación de la voluntad de los afiliados en un contexto donde la cantidad de votantes potenciales supera con creces el cupo habilitado.

La reciente notificación judicial emitida el 10 de febrero de 2025 refuerza la necesidad de revisar y ajustar los mecanismos internos del partido para garantizar la transparencia y legitimidad en futuras elecciones.

Mientras la causa sigue su curso y se aguarda el pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, el ambiente en Concordia y en el seno de La Libertad Avanza se mantiene tenso, en espera de que las aclaraciones judiciales permitan restaurar la confianza en el proceso electoral y en el sello que identifica a este espacio político en Entre Ríos.