Viviana Aguirre denunció públicamente que su lugar en la lista de Unión y Libertad fue "vendido" y que, por un acuerdo entre Juan Del Oso, Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, su nombre fue retirado y reemplazado sin su consentimiento.

La dirigente asegura además que se falsificaron firmas y que hubo una comercialización de puestos en las listas, hechos que motivaron la presentación de una denuncia judicial para que se investiguen. Informó Realpolitik.

Según el relato aportado por Aguirre, ella participó del armado de la lista y llegó a grabar un spot de campaña; sin embargo, al momento de oficializar los nombres su candidatura ya no figuraba. La dirigente apunta directamente a un presunto arreglo entre los mencionados dirigentes, que (a su juicio) condicionó el orden de los lugares y benefició a terceras personas.

La denuncia, presentada a pocas semanas de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre de 2025, coloca en el centro del debate la transparencia interna de la alianza Unión y Libertad y abre interrogantes sobre la eventual intervención de sectores vinculados a La Libertad Avanza y a espacios del oficialismo provincial. Resaltó Realpolitik.

En el escrito judicial, Aguirre reclama que se investiguen la supuesta falsificación de firmas y la maniobra de reemplazo, y exige que se determinen responsabilidades penales y administrativas si se comprueba la comercialización de candidaturas. Fuentes del expediente, citadas por la denuncia, apuntan a una operatoria que habría privilegiado acuerdos internos por sobre la participación y el consentimiento de las personas que se habían postulado.

Desde el plano político, según Realpolitik, el caso ya provocó reacciones en actores locales y pone en tensión la estabilidad del armado electoral: la existencia de denuncias sobre la distribución de lugares en las listas puede debilitar la imagen de probidad de la alianza y ofrecer munición a rivales y a sectores críticos internos.

A la espera de que la Justicia avance, el episodio también reaviva el reclamo por mecanismos más transparentes en la confección de listas y la necesidad de garantías para las candidaturas de base. Aguirre sostiene que su exclusión no solo la perjudica a ella personalmente, sino que envía un mensaje desalentador para quienes participan activamente en el proceso político.

Por ahora, según Realpolitik, no hay constancia pública de una versión oficial de los acusados en la denuncia. La resolución del caso dependerá tanto de las pruebas que se adjunten en la causa como de la voluntad de las autoridades partidarias para clarificar los hechos y tomar medidas que restablezcan la confianza interna.