Tras el escándalo desatado por las coimas en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), anunciadas en los audios viralizados de Diego Spagnuolo y que involucran a Karina Milei y Lule Menem por el cobro de retornos a los laboratorios, ahora explotó un nuevo escándalo en el Consejo de la Magistratura.

Según surge de una investigación judicial del Palacio de los Tribunales, en Talcahuano 550, el Consejo de la Magistratura se vio enchastrado por acciones de corrupción lideradas por el área de Sistemas y Tecnología.

La denuncia confirma la "digitación" de los proveedores de servicios de consultorías y suministros de programas de informática hacia una empresa que es propiedad de los decisores en el área.

De la denuncia surge que Gustavo Araya Ramírez, director general de Informática y Tecnología; José Luis Branca, director de Informática; y María Sol Galay, jefa del Departamento de Aplicaciones de la DGI y T, son los dueños de la empresa proveedora OPEN COMPUTACIÓN SA y que, en realidad, la titular que figura como presidenta en la constitución societaria, la señora Paula Mohina, y su director suplente, Bernardo Diego González, son sus testaferros y los comúnmente denominados "presta caras" de los funcionarios denunciados.

OPEN COMPUTACIÓN SA, con domicilio en la calle Catamarca 1985 de CABA, se ha convertido sugestivamente en la proveedora de suministros de informática (software, hardware y otros) del 90 por ciento de las licitaciones del Consejo de la Magistratura, así como ocurre en organismos como el Poder Judicial de la Nación y otros.

Asimismo, la denuncia hace hincapié y confirma que los tres funcionarios sospechados de corrupción, Araya Ramírez, Branca y Galay, llegaron a sus puestos "a dedo", sin haber cumplido siquiera los requisitos profesionales solicitados para los concursos de tales cargos.

Por último, trascendió que se prevé un raid de allanamientos no solo en el domicilio del Consejo de la Magistratura, sito en Julio A. Roca 516, CABA, y sedes aledañas, sino también en otros doce domicilios atribuidos a los funcionarios y sus familiares.