La medida, firmada por Marta Novoa, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y mano derecha de Luis Caputo, se aplicó en plena madrugada y afecta al INTA, INASE e INV.

El alcance excede al simple recorte: impide licencias, comisiones de servicio y adscripciones temporales, lo que equivale a un desguace institucional. Según detalló Visión Política, este esquema se perfila como el modelo a replicar en otros organismos científicos.

El ataque a la ciencia pública no es nuevo. El INTA, organismo clave para la producción agrícola y ganadera argentina, ya había sido objeto de medidas que un fallo judicial ordenó retrotraer.

A esto se sumó el Senado, que anuló el decreto presidencial. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo desconoce esas resoluciones, vulnerando la división de poderes que establece la Constitución Nacional. Una nueva afrenta al sistema republicano, destacó Visión Política.

La reacción política fue inmediata. Referentes opositores calificaron la decisión como “ilegal”, “jurídicamente nula” e “improcedente”. Una legisladora porteña incluso denunció un avasallamiento institucional.

Para los gremios, como APINTA y ATE, se trata de un ataque directo al carácter autárquico y técnico del organismo. Ambos sindicatos impulsan movilizaciones y acciones judiciales en defensa de los trabajadores y de la continuidad científica. Así lo reportó Visión Política.

Más allá de la legalidad, el trasfondo es político. El Ejecutivo envía un mensaje claro: ninguna resolución judicial ni rechazo legislativo será suficiente para frenar su agenda. El mensaje libertario es explícito: “orden antes que instituciones”. En ese marco, el INTA se convierte en símbolo de resistencia ante la embestida contra la ciencia, el campo y la democracia misma.