Altas fuentes han confirmado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) está monitoreando de cerca la situación de la Justicia en la provincia de Tucumán. La preocupación se origina en una serie de fallos judiciales calificados como "disparatados", contrarios a derecho y, en ocasiones, irrisorios.

Un caso reciente ha generado indignación y amplificado las críticas hacia el sistema judicial provincial. Un juez resolvió absolver a un narcotraficante que había aceptado su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.

Más allá del veredicto absolutorio, que ya de por sí resultó controvertido, lo que causó mayor conmoción fue que el magistrado ordenó la inmediata libertad del acusado y la devolución de los elementos secuestrados en la causa, incluyendo 82 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana, balanzas y pastillas.

La resolución, firmada por el juez Gonzalo Ascarate, quedó registrada en soporte de audio y video del Poder Judicial de Tucumán. Tras la viralización de este pronunciamiento, el magistrado presentó su renuncia al cargo.

Sin embargo, este caso no es aislado. Diversas organizaciones que defienden los derechos de las víctimas y la salud pública han denunciado otras irregularidades graves en el sistema judicial tucumano, llegando incluso a presentar reclamos formales ante la CSJN. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si interviene directamente o si delega la potestad disciplinaria al máximo tribunal de la provincia.

Violencia contra la mujer y temor por fallos indulgentes

En paralelo, agrupaciones de mujeres víctimas de violencia de género han manifestado su preocupación por el posible otorgamiento de arresto domiciliario a un condenado por violación. El acusado, identificado como D.A. Bustos, fue condenado por golpear, amenazar y abusar sexualmente de quien era su pareja.

Aunque la sentencia ya es firme, Bustos ha solicitado arresto domiciliario y otros beneficios, apoyándose en informes psiquiátricos particulares y otros recursos legales.

Lo llamativo es que el condenado no había solicitado ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico antes de conocer la firmeza de su sentencia. Ahora, su estrategia genera temor en la víctima, quien teme quedar vulnerable si se le concede el arresto domiciliario.

Organizaciones que representan a mujeres víctimas de violencia denuncian que estos pedidos son intentos desesperados por evitar el cumplimiento efectivo de la condena en una cárcel común. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, atraviesa crisis de pánico ante la posibilidad de que su agresor recupere algún grado de libertad.

Expectativa por un fallo clave

La jueza Ana María Iacono, con amplia trayectoria en el Poder Judicial de Tucumán, deberá resolver el 26 de diciembre si Bustos será trasladado a una cárcel o internado psiquiátrico en calidad de detenido.

Las organizaciones y la familia de la víctima esperan que no se conceda un arresto domiciliario que ponga en peligro la seguridad de la mujer.

Este caso, junto con el reciente escándalo del narcotraficante absuelto, subraya la urgencia de revisar las irregularidades en el sistema judicial tucumano.

La sociedad civil espera respuestas claras y contundentes que garanticen la Justicia y protejan a las víctimas de decisiones controvertidas.