A lo largo de dos décadas en el poder, la gestión del intendente de Tandil, el radical Miguel Ángel Lunghi, quedó marcada por episodios que hoy vuelven a mirar hacia las finanzas municipales.

2 ejes vuelven a cruzar la historia reciente: los señalamientos por gastos y contrataciones durante la primera etapa de su gestión (2005–2015) y, ya en la última coyuntura, decisiones económicas y litigios que comprometen el patrimonio municipal y la empresa pública local (2024–2025).

En su paso por la Intendencia, Lunghi enfrentó en 2008 un golpe institucional importante: el Tribunal de Cuentas de la provincia desaprobó partidas del ejercicio 2005–2006 por pagos considerados extralimitados (por alrededor de 5 millones de pesos según el informe) y formuló cargos por presuntas irregularidades en compras y contrataciones. Entre los puntos cuestionados aparecieron gastos por viandas, compras directas de materiales y obras con sobreprecios, incluyendo la polémica reparación y réplica turística de la Piedra Movediza.

El fallo señalaba además faltas en la rendición y en la autorización de erogaciones que, para la oposición de entonces, configuraban una gestión poco transparente.

Aquella etapa también dejó la lectura política de fondo: críticas sobre la manera en que se adjudicaban obras y contrataciones, y denuncias mediáticas que sugerían operadores y sobreprecios en licitaciones.

Para los críticos, el resultado fue un patrón que entreveraba decisiones discrecionales en obras públicas con escasa rendición de cuentas, mientras que desde el oficialismo siempre se defendió la legitimidad de las contrataciones por la necesidad de ejecutar obras en la ciudad.

2 décadas después, las disputas por la administración de recursos públicos reaparecieron con nuevos protagonistas y distinto formato. En 2024 y 2025 las alarmas se encendieron por movimientos societarios y de deuda vinculados a la Usina Popular Municipal, la empresa de energía controlada por el Municipio.

La creación de filiales y sociedades anónimas participadas mayoritariamente por la comuna (destinadas a áreas como ambulancias, obra pública y fibra óptica) generó dudas sobre la consistencia financiera y el destino de fondos públicos. La Usina, según informes periodísticos locales, arrastra hoy una deuda millonaria con la mayorista CAMMESA (una cifra que fuentes locales ubicaron en alrededor de 13.500 millones de pesos) y la oposición pregunta por qué se direccionaron recursos a nuevas sociedades en lugar de priorizar el pago de compromisos energéticos.

Además de la cuestión financiera, la gestión municipal enfrenta demandas por decisiones tomadas sobre tierras públicas. Expedientes judiciales y reclamaciones por expropiaciones realizadas en años anteriores (un caso emblemático originado en 2006) llegaron a tribunales con pedidos de indemnización por parte de particulares que aseguran haber sido afectados por ordenanzas municipales.

Esos procesos judiciales obligan hoy al Estado local a explicar no solo los procedimientos administrativos adoptados en el pasado, sino también las consecuencias patrimoniales para la comuna y los contribuyentes.

La combinación entre antecedentes administrativos desaprobados y la actual tensión por la salud financiera de empresas municipales abrió un debate político intenso en Tandil. La oposición exige informes detallados, auditorías externas y explicaciones sobre las razones detrás de la constitución de sociedades vinculadas a la Usina.

Por su parte, el oficialismo sostiene que las nuevas estructuras apuntaron a diversificar servicios y modernizar la prestación, aunque la falta de transparencia percibida y la magnitud de la deuda con proveedores energéticos erosionaron, al menos en la narrativa pública, esa defensa.

Para los vecinos y actores locales la pregunta es doble: ¿se trató de errores de gestión o de decisiones deliberadas mal justificadas? Y, en todo caso, ¿quién asume la responsabilidad política y administrativa cuando operaciones pasadas devienen en demandas y cargas financieras para la comunidad? Mientras los juicios y las auditorías siguen su curso, la ciudad espera respuestas concretas que permitan recuperar confianza en la administración de sus bienes y en la priorización del gasto público.

En tanto, el expediente judicial por expropiación y las solicitudes de transparencia sobre la Usina continúan en distintos foros; y Tandil, ciudad que durante años exhibió estabilidad institucional, debate ahora sobre la necesidad de políticas más rigurosas de control, rendición y planificación financiera para evitar que episodios del pasado se repitan y comprometan el futuro fiscal del Municipio.