El Caso Agustina Jiménez volvió a encender alarmas en San Vicente en el marco de una denuncia por violencia de género e intrafamiliar que involucra al imputado Ignacio Gabriel Contreras, concejal electo de un bloque unipersonal, acusado en la IPP 06-05-004773-25 por el delito de “amenazas agravadas” con el empleo de un arma de guerra 9 mm semiautomática apta para disparo.

Según el escrito presentado por su defensa, Contreras habría mantenido una tenencia vencida, con CLU vencido y sin contar con portación, y se consignan lesiones en Agustina constatadas por un médico legista. A pesar de ello, remarcan que el imputado recuperó la libertad y que incluso se habrían otorgado medidas de protección recíprocas, a pedido del acusado, quien habría manifestado temor hacia la víctima.

El equipo jurídico de Jiménez afirma que ella fue calificada como “víctima de alto riesgo” por el Equipo Técnico de Género de San Vicente, por lo que cuenta con dispositivo dual, mientras que Contreras tiene tobillera electrónica con perímetro de exclusión.

Sin embargo, denuncian que el imputado “lo viola cuando quiere”, y aseguran haber presentado reportes y denuncias por desobediencia en la IPP 06-05-000334-26/00, radicada el 20/01/26, solicitando su detención “sin respuestas” hasta el momento.

En el planteo, advierten que el caso expone un patrón de violencia institucional y señalan que “existe una Justicia para los pobres y otra para los políticos”, además de alertar sobre un “riesgo latente” que podría terminar en un femicidio. También comparan la situación con antecedentes como el caso de Paola Tocacho, denunciado en reiteradas oportunidades antes del crimen.

La presentación lleva las firmas de las abogadas Vanessa Manrique Petto y Soledad Melgarejo, junto al perito en criminalística Alejandro Adrián Morel, quienes reclaman medidas urgentes y efectivas para frenar el acoso y evitar una tragedia anunciada.