Una causa federal que investiga presuntas irregularidades en contratos de radarización vial encendió las alarmas entre los sindicatos municipales, que advierten que la anulación masiva de actas podría generar un fuerte impacto en los ingresos destinados al pago de salarios y al funcionamiento de servicios esenciales.

El expediente, radicado en el Juzgado Federal de Tres de Febrero bajo la tutela del juez Juan Manuel Culotta, apunta a 11 municipios (entre ellos La Matanza, General Pueyrredón, Morón, Zárate y San Isidro) por supuestas maniobras de desvío de fondos públicos.

Las investigaciones se centran en convenios triangulados con universidades nacionales, como la UTN o la UNSAM, y empresas privadas (Secutrans SA y Tránsito Seguro SA) que operaban los cinemómetros sin respetar los procesos de licitación establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

El antecedente inmediato se registra en La Plata, donde la Justicia provincial ya determinó que la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) operó radares sin autorización legal. Aquella causa, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi, allanó el camino para reclamos ciudadanos y revisiones contractuales, y sentó un precedente de potencial nulidad masiva de actas.

Representantes gremiales advierten que la eventual caída de la recaudación por fotomultas afectaría directamente la negociación de paritarias y el pago de salarios municipales. “Hay intendentes que ya están revisando sus contratos, y gremios que empiezan a pedir explicaciones. No se puede permitir que la caída de estos fondos la termine pagando el trabajador municipal”, señaló una fuente sindical consultada por Mundo Gremial. 

San Isidro fue el primer municipio en suspender el convenio con la firma de Leandro Camani, y se espera que otras comunas con contratos bajo sospecha adopten medidas similares. De comprobarse violaciones al Decreto 1023/01 (artículo 25, inciso d, punto 8), miles de actas podrían ser declaradas nulas y obligar a la devolución de lo recaudado.

La falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Transporte bonaerense, conducido actualmente por Martín Marinucci, y la permanencia de varios funcionarios del gobierno anterior en sus cargos complican aún más el panorama. Mientras las partes involucradas buscan desactivar la causa, se aguardan nuevos allanamientos e imputaciones que profundicen el litigio judicial.