En una estremecedora entrevista, Carlos Cartagena López, alias "Charli de IVU", líder de la temida pandilla Barrio 18 Revolucionarios, aseguró que Nayib Bukele tramó desde sus días como alcalde de San Salvador un acuerdo clandestino con las mafias callejeras para catapultar su carrera política.

Según "Charli", las negociaciones arrancaron en 2014 y contaron con la intermediación de altos funcionarios del círculo íntimo de Bukele, quienes ofrecían favores y blindaje jurídico a cambio de silencio y respaldo electoral. Y así se adueñó de la República de El Salvador.

El pacto, revela el pandillero liberado de manera irregular por el Ejecutivo, incluía beneficios carcelarios (reducción de condenas y traslados a prisiones de lujo) así como inmunidad frente a extradiciones solicitadas por Estados Unidos.

A cambio, las pandillas habrían prometido combatir entre sí y mantener la tasa de homicidios en mínimos que, a la postre, Bukele exhibiría como logro de su "mano dura" contra el crimen.

Las confesiones de "Charli de IVU" llegan apenas semanas después de que otro capo, Elmer Canales "Crook", líder de la MS-13, testificara en un tribunal de Nueva York sobre su liberación facilísima gracias a la misma red de favores institucionales.

Estas revelaciones ponen en jaque la imagen de un presidente que se ha jactado de convertir a El Salvador en "el país más seguro del hemisferio" mientras, según fuentes judiciales, urdía su ascenso sosteniéndose sobre la alianza con el crimen organizado.

Expertos en derechos humanos y organismos internacionales ya hablan de un escándalo de gobernabilidad que podría derivar en nuevas sanciones contra figuras clave del Gobierno salvadoreño.

El fantasma de la "Operación Catedral" (investigación que documentó transacciones de dinero y mensajería encriptada entre autoridades y pandilleros) vuelve a tomar fuerza, sembrando dudas sobre la transparencia de un régimen que, presuntamente, habría negociado con el enemigo antes incluso de prometer erradicarlo.