En menos de un año, el Gobierno porteño encabezado por Jorge Macri llevó adelante dos importantes operativos sobre ferias callejeras históricas: el desalojo masivo de manteros en Parque Los Andes y la relocalización forzada de artesanos en Caminito.

Ambas medidas, enarboladas bajo el principio de “limpieza urbana”, dejan a miles de trabajadores de la economía popular sin sustento y tensionan la convivencia en espacios emblemáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Desalojo en Parque Los Andes

La madrugada del 2 de mayo, más de 5 mil manteros fueron sorprendidos por un operativo policial en el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.

Según el Ministerio de Espacio Público, se incautaron 6700 bultos de mercadería y se aseguró que la intervención buscaba “recuperar el espacio público” para vecinos y visitantes. El propio jefe de Gobierno celebró el procedimiento como un “logro” en la política de ordenamiento urbano. 

Para Christian Ayala, titular de la Rama de Trabajadores de Espacios Públicos de la UTEP, estas acciones no sólo son un ataque directo al sustento de cientos de familias, sino que además evidencian una mirada selectiva de qué actividades se consideran “legítimas”: “A los personal trainers y a las clases de zumba en los parques no los tocan; a nosotros nos corren”. 

Relocalización abrupta en Caminito

Nueve meses antes, los artesanos de Caminito (feria con más de 40 años de historia) recibieron un decreto de relocalización que los trasladó de su punto tradicional a plazas periféricas sin debate ni aviso previo.

Sebastián Arreche, delegado de los artesanos, describe la escena: “Nos notificaron en horas, sin margen para organización; en esa plaza no había turismo y las ventas se desplomaron”.

La propuesta oficial de mover la feria a la ribera resultó aún más problemática, exponiendo a los vendedores a las inclemencias climáticas y a un punto aún más aislado del circuito cultural de La Boca.

Consecuencias socioeconómicas

El impacto de estos desalojos y relocalizaciones va más allá de la pérdida de ingresos: afecta a migrantes, mujeres jefas de hogar y adultos mayores que encuentran en el trabajo callejero una de sus pocas alternativas frente a la falta de cobertura social y antecedentes judiciales que limitan su acceso al empleo formal.

Sin un marco normativo que reconozca a la economía popular como trabajo legítimo, los trabajadores pierden su capital de trabajo y ven imposibilitado el reclamo de sus bienes decomisados.

Reclamos y futuro posible

Tanto UTEP como las organizaciones de artesanos coinciden en la necesidad de abrir mesas de diálogo y de sancionar una ley que regule la venta ambulante. Un reconocimiento legal permitiría definir espacios, horarios y condiciones sanitarias, reemplazando los operativos policiales por inspecciones periódicas y acuerdos de convivencia.

En definitiva, los desalojos en Caminito y Parque Los Andes ponen en evidencia una concepción de la Ciudad orientada a proyectos inmobiliarios y turísticos (como el “Proyecto Sur” en La Boca) en detrimento de los sectores más vulnerables. Sólo un diálogo efectivo y un estatuto que ampare a los trabajadores de la calle podrá revertir el daño social y económico que estas medidas han generado.