La Legislatura de la provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de ley presentado por el diputado bonaerense Carlos Puglelli de Unión por la Patria (UxP) que busca regular la actividad comercial de los “influencers” en redes sociales.

La medida llega en un contexto de creciente preocupación por la opacidad de algunas publicidades digitales y la necesidad de adaptar el marco legal a las nuevas formas de comunicación.

Según la propuesta, todo contenido que incorpore una difusión pagada deberá identificarse claramente con etiquetas como "#PublicidadPaga" y señalar de forma explícita la persona física o jurídica que patrocinó la pieza. Asimismo, el texto exige que los creadores de contenido se inscriban ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como monotributistas o responsables inscriptos, de modo de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

En caso de infringir estas disposiciones, la ley prevé apercibimientos administrativos y sanciones económicas que podrán alcanzar los 17 millones de pesos, así como la facultad de ordenar la retirada de los contenidos contrarios a la norma. El objetivo es proteger a los consumidores frente a publicidades engañosas o potencialmente dañinas, especialmente aquellas vinculadas a productos con riesgos para la salud, como bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos no autorizados o sitios de apuestas.

"La explosión de las redes sociales cambió la forma en que las empresas llegan a su público, y es imprescindible que la transparencia sea la regla", declaró Puglelli al presentar su iniciativa. "Queremos un ecosistema digital responsable, donde el usuario sepa siempre cuándo está frente a una publicidad y quién la respalda", señaló.

Esta propuesta se suma a otras iniciativas a nivel nacional. En agosto de 2024, la diputada Florencia de Sensi de Propuesta Republicana (PRO) presentó un proyecto similar en el Congreso que también exige la identificación de publicidad paga y regula sorteos y promociones encubiertas.

Por su parte, en diciembre de ese mismo año la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporó la creación de contenido audiovisual en su Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) bajo la Resolución General 5607, obligando a los influencers a inscribirse y tributar por su actividad.

Con estos avances, el Estado argentino busca cerrar una brecha legal que hasta hoy permitía que numerosas campañas comerciales pasaran desapercibidas para los consumidores y los entes de control. El proyecto de Puglelli aguarda ahora el debate en comisiones, donde se espera incorporar aportes de especialistas en derecho digital y representantes del sector.