Policial y judicial | 12/03

Ataque al medioambiente

"Casta" tucumana de Burruyacú sería uno de los ejes expuestos de corrupción que tiene el gobernador Osvaldo Jaldo

Hasta Defensoría del Pueblo de la Nación está hablando de las irregularidades y que tienen que "respetar el derecho humano de vivir en un medioambiente sano".

Los juicios por la malversación de fondos en obras públicas no se sujeta solamente en lo que ocurre a nivel nacional, también hay provincias que dan el mal ejemplo. Uno de los casos está en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo en la localidad de Burruyacú.

En dicho departamento, fuentes oficiales afirmaron que en el año 2023 el Municipio recibió más de 200 mil millones de pesos para obras de plantas cloacales. Sin embargo, hace unos días fueron entrevistados funcionarios locales ante la prensa y dijeron que tienen un grado de avance del 72 por ciento.

Asimismo, estos sin sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, no pueden realizar la ejecución de las mismas. Ya que hay un amparo ambiental colectivo de no innovar. Pero la Justicia provincia protegería a todos los ciudadanos de Burruyacú, debido a que estas plantas serán realizadas a menos de 4 cuadras de la Comuna.

"Estás plantas están a 10 metros de los vecinos es cómo un atentado a la vida", sentenciaron ciudadanos en exclusiva con La Postal de Mar del Plata.

Vale remarcar que los vecinos de Burruyacú denunciaron de manera correspondiente ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la IV Nominación. Sin embargo, el Gobierno de Jaldo habría realizado una maniobra para poderlo archivar al caso, hasta que apareció en ministro público fiscal Edmundo Jiménez, el cual sacó una resolución remarcando todas las irregularidades del proceso judicial y diciendo que "están violando leyes internacionales de medioambiente que hacen lugar a la inconstitucionalidad, ya que no pueden realizar plantas cloacales a esa distancia del egido Urbano".

Sin ir más lejos, hasta Defensoría del Pueblo de la Nación está hablando de las irregularidades y que tienen que "respetar el derecho humano de vivir en un medioambiente sano". ¿Cómo seguirá el caso?

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