El mapa de las constructoras que pisan fuerte en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires quedó atravesado por contratos millonarios, licitaciones, antecedentes judiciales y, en algunos casos, vínculos políticos que vuelven a poner bajo la lupa la relación entre empresas y Estado. Un informe analítico relevó a las principales firmas del sector y reconstruyó sus participaciones en obras públicas y privadas, sus antecedentes societarios y las controversias que las rodearon.

Entre las compañías con mayor presencia aparece Plantel SA, una firma con más de 30 años de trayectoria especializada en infraestructura vial, obras civiles y energía. La empresa participó recientemente en concesiones de corredores nacionales junto a Creditech, del Grupo Corven. En Mar del Plata, además, fue protagonista de una denuncia que derivó en la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre una licitación del Programa Mejoramiento de Barrios. Según el informe, Plantel cuestionó las condiciones del llamado y la licitación terminó siendo suspendida.

En el ámbito local también aparecen constructoras como Damar y Coarsa, ambas con fuerte presencia en el mercado privado marplatense. Damar, vinculada al desarrollo de edificios residenciales, no registra contratos estatales relevantes ni denuncias públicas importantes. Coarsa, por su parte, es presentada como una empresa familiar con décadas de actividad y numerosos proyectos residenciales y comerciales. El informe señala que no se encontraron controversias judiciales destacadas vinculadas a ninguna de las dos.

Otro capítulo corresponde a Dycasa, integrante del Grupo Roggio, cuyo antecedente más recordado en Mar del Plata es el fallido proyecto del Emisario Submarino. La obra, adjudicada a una UTE conformada por Tecsan y Dycasa, terminó siendo rescindida luego de fuertes cuestionamientos por los costos y la ejecución. El informe señala que el episodio dejó una importante huella reputacional en la ciudad, aunque no se registran condenas penales contra los directivos de la compañía por aquel caso.

El expediente que volvió a poner a varias constructoras bajo los reflectores es el derrumbe ocurrido en 2026 en el complejo ProCreAr Estación Buenos Aires. Allí participaron distintas empresas en diferentes etapas de la obra. Riva había sido contratada originalmente en 2015, pero su contrato fue rescindido en 2019 por incumplimientos. Posteriormente intervinieron Constructora Sudamericana (Cosud), Green y Conorvial. Tras el colapso, se inició una investigación judicial caratulada como "estrago". Hasta agosto de 2026, el informe indica que no había imputados oficiales ni sentencias y que las empresas habían colaborado con los peritajes.

Uno de los casos que mayor cantidad de cuestionamientos acumula es el de CEOSA. La empresa mendocina participó de importantes obras públicas y en 2026 apareció entre las firmas que ofertaron para la licitación de la Rambla de Mar del Plata. El informe también registra antecedentes vinculados con cheques rechazados por unos 43 millones de pesos, obras inconclusas y una investigación penal por presuntos sobornos en Catamarca. A esto se suma su situación financiera y la posibilidad de un concurso preventivo. Estos antecedentes son presentados en el documento como factores de elevado riesgo reputacional y legal.

La licitación de la Rambla constituye, precisamente, otro de los puntos centrales del mapa empresario. En ese proceso participaron CEOSA junto a PF Compañía Constructora, con una oferta cercana a 5730 millones de pesos, mientras que Construcciones La Plata presentó una propuesta de aproximadamente 5850 millones y José Luis Triviño una de unos 5910 millones. El informe aclara que no se habían reportado irregularidades en ese proceso y que las firmas mencionadas no registraban denuncias públicas locales relevantes.

Pero el caso más delicado en el plano local aparece asociado a Constructora Polo. Según el informe, durante 2024 más de 200 familias denunciaron haber pagado por viviendas prefabricadas que nunca fueron entregadas, con montos que podían alcanzar los 8 millones de pesos por unidad. Se presentaron alrededor de un centenar de denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos y se realizaron allanamientos en oficinas vinculadas a la empresa. La investigación continuaba abierta en agosto de 2026, sin imputaciones formales ni sentencias conocidas.

El relevamiento también reconstruye algunos vínculos entre empresas y dirigentes políticos, aunque advierte que no se encontraron pruebas de financiamiento irregular o "puertas giratorias" generalizadas en el universo analizado. Entre los casos mencionados figura CEOSA y su presunta promoción política durante la gestión porteña de Felipe Miguel, además de los antecedentes del Grupo Roggio y las discusiones que generó su participación en obras de Mar del Plata. Green SA, por otra parte, aparece vinculada a Roberto Gastaldi, quien fue funcionario del Gobierno porteño y, según el informe, realizó aportes a campañas del espacio macrista.

Así, el mapa de las constructoras que participan o intentan participar de grandes negocios públicos combina empresas familiares con bajo nivel de exposición, grandes contratistas nacionales y compañías atravesadas por concursos, investigaciones o antecedentes controvertidos.

El informe remarca que la existencia de una denuncia o investigación no implica por sí misma responsabilidad penal y que, en varios de los casos analizados, los expedientes continúan en trámite. El dato central es que detrás de cada licitación millonaria aparece una red empresarial mucho más amplia, en la que se cruzan obras, UTEs, antecedentes societarios y relaciones políticas que siguen bajo observación.