El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó una de las sanciones más duras de los últimos años contra el intendente Julio Zamora, al responsabilizarlo por adjudicar de manera directa el sistema de fotomultas a la Cecaitra, una entidad inscripta como asociación civil sin fines de lucro, pero que en los hechos operaba como una empresa concesionaria.

Según el fallo, la cámara, que no paga IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, montó un negocio millonario en distintos municipios bonaerenses a través de contratos directos y sin licitaciones, en violación de las normas de contratación pública.

Además de Zamora, también fueron alcanzados por la sanción la contadora municipal Roxana Di Cola y el secretario de Hacienda Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio personal.

El organismo señaló que Cecaitra se presentaba como una cámara representativa del sector, pero actuaba como empresa privada: instalaba radares, procesaba infracciones, administraba bases de datos y participaba del cobro de multas. En el fallo se lee: “Su objeto social es promover buenas prácticas viales, pero terminó siendo la beneficiaria directa del negocio”.

La estructura, dirigida por Bernardino García y su hijo Mariano García, se expandió durante la gestión de Daniel Scioli y firmó convenios con varios municipios, entre ellos Dolores, Lobos, Carmen de Areco y Tigre. En casi todos, los contratos están suspendidos o bajo revisión judicial.

El caso también salpica al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, investigado por presuntos sobornos y retornos en la adjudicación de contratos a la entidad. Los fiscales Álvaro Garganta y Adrián González Charvay avanzan sobre una posible red de coimas y lavado en torno a las fotomultas.

En Tigre, el sistema fue adjudicado sin licitación bajo el argumento de “urgencias operativas”. Tras la sanción, Zamora suspendió el contrato, pero Cecaitra volvió a presentarse en la nueva licitación, pese a estar inhabilitada para operar como concesionaria.