El drama de una anciana de 94 años se convirtió en un espejo del costado más oscuro del sistema judicial argentino.

Es la madre de Fermín Basualdo, ex policía condenado a prisión perpetua por el crimen de Emilio Blanco en Chascomús, una causa que su defensa insiste en calificar como “armada” y plagada de irregularidades políticas, judiciales y eclesiásticas.

Pero hoy, la verdadera víctima es ella: una mujer de edad avanzada, lúcida, sin familia que la cuide y completamente abandonada por el Estado.

Hasta hace poco lograba subsistir gracias a la solidaridad de sus vecinos. Sin embargo, una fractura de cadera la dejó inmovilizada y sin contención. Desde entonces, permanece internada en el hospital de Pila, no por enfermedad, sino por una cruel paradoja burocrática: el sistema no le ofrece una salida digna.

Los médicos ya autorizaron el alta, pero su hogar sigue vacío y un geriátrico no es opción viable. Desarraigar a una persona de 94 años de su casa es condenarla a morir antes de tiempo. La salud emocional y el sentido de pertenencia son, a esa edad, una necesidad vital.

Mientras tanto, su hijo, desde la cárcel, pide lo mínimo: el derecho a cuidarla en sus últimos años. El Servicio Penitenciario Bonaerense respaldó el pedido y recomendó su arresto domiciliario para asistirla.

Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores lo rechazó una y otra vez, ignorando los informes médicos y los fundamentos humanitarios.

La anciana sigue internada, expuesta a infecciones intrahospitalarias, mientras la Justicia discute tecnicismos. Un castigo que se extiende al cuerpo y al alma de una madre que solo espera morir en paz, en su casa.

El nuevo juez del caso debe resolver un nuevo pedido urgente de prisión domiciliaria, basado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y en el derecho básico a la asistencia familiar y al arraigo.