La ciudad de La Plata vuelve a estar sacudida por un caso de corrupción de alto impacto. La Justicia avanza en la causa que investiga al exintendente Julio Garro por la aprobación irregular de barrios privados truchos durante sus dos mandatos.

La pesquisa, liderada por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, apunta a una presunta asociación ilícita integrada por exfuncionarios y empresarios, acusados de montar un circuito de negocios millonarios al margen de la ley.

El fiscal ordenó una nueva tanda de medidas y notificó a desarrolladores inmobiliarios para que entreguen expedientes administrativos, planos, convenios, facturas y boletos de compraventa, con el objetivo de reconstruir cómo se habilitaron emprendimientos en zonas prohibidas sin convalidación provincial.

Según la investigación, el sistema no solo facilitaba las autorizaciones, sino que exigía a los desarrolladores contratar empresas vinculadas a funcionarios o entregar tierras, generando un circuito paralelo que dejaba ganancias millonarias a un grupo reducido.

Entre los señalados figuran nombres de peso de la gestión Garro, como Marcelo Genoro (exdirector de Obras Viales) y Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos), además de empresarios relacionados a los desarrollos bajo sospecha.

Uno de los casos emblemáticos es el de La Cañada (City Bell), donde un convenio urbanístico por una rotonda pasó de 39 a 64 millones de pesos en semanas, sin sustento técnico, lo que para la fiscalía constituye un claro sobreprecio.

La ofensiva judicial incluyó allanamientos en la mansión de Garro en el country Grand Bell, oficinas de constructoras y domicilios de exfuncionarios, de donde se secuestraron computadoras, contratos y expedientes que ahora se cruzan con registros notariales.

Garro, que tuvo un breve paso por el gobierno de Javier Milei como subsecretario de Deportes, permanece en silencio, mientras su defensa, a cargo de Fabián Améndola (socio de Fernando Burlando), denuncia persecución política.

La actual gestión de Julio Alak ya suspendió más de 400 proyectos de barrios cerrados por irregularidades, confirmando las sospechas de la fiscalía. El próximo paso sería indagar a exfuncionarios de primera línea y, según fuentes judiciales, Garro podría quedar imputado de forma directa.