En el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, se revelan serias irregularidades en torno a uno de sus funcionarios más polémicos: Gustavo Cañete, actual responsable del área de Mantenimiento.

Desde su nombramiento en 2015 durante la administración de María Eugenia Vidal, Cañete habría sido vinculado con múltiples escándalos de corrupción, abuso de poder y violencia de género, pero hasta el momento, sigue gozando de impunidad dentro del Gobierno de Axel Kicillof.

La Dirección General de Cultura y Educación tiene bajo su ala un presupuesto millonario, que incluye el ambicioso plan "Escuela a la Obra", que ha permitido la construcción de más de 200 establecimientos educativos en toda la provincia. Sin embargo, gran parte de las obras son derivadas a la Dirección Provincial de Mantenimiento, un área que ha sido constantemente señalada por su nivel de corrupción. Las denuncias apuntan a mafias internas, sobornos, amenazas, y prácticas misóginas, todas bajo la supervisión de Cañete.

El funcionario sería conocido supuestamente por haber sido uno de los responsables de la tragedia ocurrida en 2018 en la escuela 49 de Moreno, que costó la vida de Sandra y Rubén, debido a la negligencia en la infraestructura escolar. Además, Cañete habría sido señalado por realizar maniobras fraudulentas, como la falsificación de boletas para compras de cocinas en nombre del estado, y el manejo irregular de contratos con empresas vinculadas a favores políticos.

Pero los problemas no terminan ahí. En los últimos años, Cañete ha sido objeto de investigaciones por malversación de fondos, con denuncias por el manejo de millones de pesos destinados a mobiliario escolar, a pesar de que la provincia cuenta con una fábrica propia para dicha tarea.

En paralelo, su estilo de vida ostentoso, que incluye viajes a Estados Unidos, cruceros y una casa quinta construida con mano de obra y materiales del estado, ha generado indignación.

Más allá de sus abusos económicos, Cañete también sería señalado por su conducta misógina y violenta. Varias mujeres lo habrían denunciado ser víctimas de acosos y persecuciones por parte del funcionario. Una de ellas, una ex secretaria que renunció al cargo, presentó una denuncia por acoso laboral y violencia de género, la cual se suma a otras tres denuncias en su contra, que incluyen abusos de poder y agresiones hacia empleadas de su área.

Lo más alarmante de esta situación es la falta de intervención por parte del gobierno provincial. A pesar de las denuncias, el estado ha optado por no tomar medidas contra Cañete, y en lugar de proteger a las denunciantes, se ha limitado a humillarlas, forzándolas a licencias psiquiátricas y sometiéndolas a situaciones de violencia institucional.

Esta actitud de indiferencia ante la gravedad de las acusaciones deja al descubierto la impunidad que rodea al funcionario, que sigue operando sin ningún tipo de consecuencia.