La Justicia de la provincia de Tucumán se encuentra bajo el escrutinio público y judicial debido a una serie de polémicas decisiones que han puesto en tela de juicio la conducta de varios magistrados.

En un contexto donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) analiza su intervención, se acumulan los reclamos de organizaciones civiles, víctimas y ciudadanos preocupados por el accionar judicial.

Narcotráfico e Irregularidades Judiciales

Uno de los casos más resonantes fue protagonizado por el juez Gonzalo Azcárate, quien absolvió a un narcotraficante que se había declarado culpable y había aceptado un juicio abreviado. En una decisión que generó indignación, el magistrado ordenó la devolución de 82 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana y elementos vinculados al tráfico de drogas como balanzas y pastillas.

Tras la viralización de este fallo, Azcárate presentó su renuncia, aunque su acción dejó al descubierto profundas falencias en el sistema judicial provincial.

Preocupación por la violencia contra la mujer

Otro caso que concentra la atención es el del condenado DA Bustos, quien recibió sentencia firme por violación y violencia contra la mujer. A pesar de la gravedad de los hechos, el hombre solicitó arresto domiciliario, respaldado por informes psiquiátricos que nunca había requerido antes de su condena.

La posibilidad de que se le otorgue este beneficio genera temor en la víctima, quien se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema.  

Organizaciones que protegen a mujeres víctimas de violencia de género han denunciado esta situación, señalando la falta de garantías para la seguridad de la afectada si Bustos retorna al ámbito doméstico bajo la supervisión de su madre, quien padece problemas psicológicos.  

Críticas a la Justicia y posición del Gobierno

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo expresó su repudio hacia jueces que toman decisiones que favorecen a delincuentes condenados, citando un caso reciente en el que un efectivo policial fue asesinado por un hombre que debía estar cumpliendo arresto domiciliario.

Jaldo destacó que la provincia cuenta con más de 400 cupos disponibles en instituciones carcelarias, reafirmando su compromiso de garantizar que los condenados cumplan sus penas sin excepciones que comprometan la seguridad pública.

Expectativa y reclamos

La resolución de estos casos depende de la jueza Ana María Iacono, cuya actuación está siendo observada de cerca por diferentes sectores. Desde diversos organismos se exige una postura firme que priorice los derechos de las víctimas y evite decisiones que puedan derivar en nuevos actos de violencia o impunidad.  

Mientras tanto, las críticas hacia el sistema judicial tucumano se intensifican, evidenciando una crisis institucional que requiere respuestas urgentes y transparentes.