En el entorno de Javier Milei se abrió una pulseada política por la sucesión en la Secretaría de Culto y Civilización que revela tensiones crecientes entre dirigentes que reclaman rigurosidad institucional y otros que privilegian lealtades personales.

Nahuel Sotelo, actual titular del área, busca permanecer en el cargo pese a su postulación a la Legislatura provincial, mientras que la hermana del Presidente, Karina Milei, presiona para aplicar la regla interna que evita candidaturas "testimoniales".

Frente a esa postura, Santiago Caputo (funcionario con fuerte influencia dentro del círculo oficialista) actúa como sostén político de Sotelo.

Según fuentes cercanas al Gobierno, Sotelo intenta gestionar una excepción que le permita combinar su candidatura con la continuidad en la Secretaría, una maniobra que chocaría con la norma interna impulsada por el propio espacio gobernante para evitar vacíos y acusaciones de oportunismo electoral.

La decisión sobre el futuro del cargo se ha transformado en un símbolo: no sólo se discute la aplicación de la regla, sino también el control de un espacio clave para la interlocución con comunidades de fe y con el Vaticano.

La disputa escaló cuando Gerardo Werthein, figura vinculada a cuestiones diplomáticas y de relaciones institucionales, exigió una definición sobre la sucesión.

El argumento de quienes piden una resolución rápida no es sólo administrativo: la visita papal prevista para 2026 convierte la Secretaría en un actor estratégico para la coordinación con la Santa Sede, por lo que un cambio a último momento podría complicar la agenda oficial y la representación del Ejecutivo en temas de culto y diplomacia religiosa.

En el bando opuesto, la defensa de Sotelo se apoya en la experiencia del funcionario y en el argumento de continuidad en proyectos en marcha dentro del organismo.

Caputo, además, ha brindado protección política ante eventuales presiones para desplazarlo, sosteniendo que una salida abrupta podría afectar iniciativas pendientes y la relación con distintos actores religiosos. Por ahora, fuentes internas describen negociaciones informales y una búsqueda de salidas que eviten una fractura abierta dentro del espacio.

La pelea expone, en clave interna, una tensión mayor en La Libertad Avanza: la necesidad de ordenar las reglas del juego político frente a la urgencia de mantener cohesión entre operadores de confianza. El resultado de este conflicto no sólo definirá quién conduce la Secretaría de Culto y Civilización, sino también cómo el Gobierno administra disensos entre sus cuadros más cercanos de cara a un año electoral y a compromisos internacionales sensibles.

Mientras se buscan nombres alternativos y fórmulas de consenso, el escenario sigue en vilo: una resolución que satisfaga a todas las partes permitiría cerrar una disputa que amenaza con amplificarse; una decisión unilateral podría profundizar fricciones y afectar la capacidad del Ejecutivo para gestionar la relación con actores religiosos y diplomáticos en un momento donde la coordinación institucional será clave.