Por Ariel Layera

La jueza Marta Elba Pascual tiene razón.

Lo dije el otro día cuando titulé “El puente sin río”, y lo confirma ella ahora en cada reportaje: no se puede aplicar una ley sin tener dónde hacerlo.

Algunos la quisieron correr por izquierda, tildándola de garantista. Ella misma lo aclaró: “Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma”. Lo que planteó es otra cosa, y es de puro sentido común: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

Tiene razón. Y la tiene porque conoce el paño. Fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia durante la gobernación de Eduardo Duhalde, desde 1994. Sabe lo que es un instituto de menores por dentro.

Su fallo no suspende la ley por ideología. La suspende por 60 días debido a una cuestión material. Le pregunta a la Provincia y, a través de ella, a la Nación: ¿ustedes pueden meter más pibes donde ya no entran?

La respuesta la conocemos en Mar del Plata. En Batán, el CEA de 8 plazas tiene 9 pibes, uno en un colchón en el piso. El Cerrado, de 24, tiene 27. El sistema provincial, con 540 plazas, estaba al 83 por ciento antes de la ley. ¿Dónde meten a los de 14?

La jueza también dijo que hacen falta “oficios, actividades adentro, terapia”. Exactamente lo que venimos reclamando quienes hemos trabajado en el Servicio Penitenciario Bonaerense toda la vida.

Por eso, no se ataca a un juez. Se respeta. Y, en este caso, se le da la razón.

La jueza tiene razón.