El subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser denunciado por presuntas estafas relacionadas con la apropiación indebida de más de 20 mil lotes que un empresario habría intentado donar.

La solicitud de habilitación de la feria judicial para que se investigue a Pareja fue presentada por Héctor Daniel De Olivera, quien también notificó al presidente Javier Milei y a la embajada de Estados Unidos en el marco de la ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

De Olivera, en sus declaraciones, también acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, de ser "cómplices" por no tomar medidas después de ser informados de la situación. Además, destacó la necesidad de medidas urgentes, como la retención de los pasaportes de los implicados, para evitar que puedan evadir la Justicia.

Según informó Realpolitik, el denunciante enfatizó su intención de exponer lo que considera una "red de corrupción" que involucra a figuras políticas destacadas.

La denuncia contra Sebastián Pareja no es un hecho aislado, ya que su nombre también aparece vinculado a una causa penal que investiga contratos irregulares en el Ministerio de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Este antecedente suma peso a las acusaciones actuales y genera un clima de incertidumbre en torno a su gestión.

Realpolitik indicó que la falta de respuestas claras de las autoridades ha intensificado la preocupación sobre el manejo de los recursos y el impacto de estos hechos en la opinión pública.

En tanto, el desarrollo de esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio de funciones públicas y el cumplimiento de la ley. Las denuncias han encendido las alarmas en diversos sectores, que exigen una investigación exhaustiva y medidas concretas para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la Justicia.

Las próximas semanas serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar el rumbo de las acciones judiciales.