Política | 18:35
Revisión institucional
El Congreso deberá esclarecer si se ignoró el historial de Harbour al aprobar las ventajas del RIGI para Southern Energy
La presentación solicita reconstruir documentalmente el procedimiento y establecer si los antecedentes vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas fueron considerados.
Ignacio Zavaleta presentó ante el Senado de la Nación una solicitud de investigación y pedido de informes para determinar qué controles realizó el Estado sobre Harbour Energy PLC, anteriormente Premier Oil PLC, antes de aprobar la adhesión de Southern Energy S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El planteo busca establecer qué información tenía el Poder Ejecutivo, qué organismos participaron y qué análisis jurídico se efectuó.
La presentación sostiene que Premier Oil fue alcanzada en 2013 por resoluciones de la Secretaría de Energía vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Según la documentación incorporada, posteriormente Harbour Energy mantuvo el mismo número societario que Premier Oil y adquirió una participación del 15 por ciento en Southern Energy.
El punto central es la cronología. Southern Energy solicitó ingresar al RIGI en noviembre de 2024, Harbour anunció su incorporación en diciembre y concretó la operación en enero de 2025, mientras que el beneficio fue aprobado en abril de ese año. Por eso, el escrito pide saber si durante el trámite se actualizó la composición accionaria y si los antecedentes de Harbour fueron efectivamente considerados.
La solicitud también reclama determinar si se analizó la Ley 26.659, que establece restricciones para personas o empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Entre los 20 puntos requeridos aparecen la intervención del Comité Evaluador del RIGI, los informes jurídicos utilizados y la eventual participación de organismos competentes en política exterior y soberanía sobre Malvinas.
El pedido busca que el expediente sea analizado por cinco comisiones del Senado, entre ellas Relaciones Exteriores, Minería y Energía, Presupuesto, Economía y Asuntos Constitucionales. Zavaleta aclaró que no pretende afirmar de antemano que existió una irregularidad, sino que se determine documentalmente qué verificó el Estado antes de otorgar los beneficios.
