La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada por una investigación judicial que expone un esquema sistemático de corrupción en la gestión de los comedores escolares de la ciudad de Concordia.

La localidad, catalogada como la de mayor porcentaje de personas pobres en todo el país según las últimas mediciones oficiales, sufrió el desvío de partidas presupuestarias esenciales destinadas a garantizar desayunos, almuerzos y meriendas en 37 instituciones educativas.

El perjuicio económico detectado hasta el momento supera los cien millones de pesos, una cifra devastadora para un distrito donde la vulnerabilidad social alcanza a casi la mitad de su población. La causa penal avanza bajo la conducción de la Unidad Fiscal de Concordia y pone en el centro de la escena a exfuncionarios y proveedores locales.

La mecánica de la maniobra fraudulenta

El sistema original fue diseñado con un propósito descentralizado y práctico. Consistía en la entrega de tarjetas de compra específicas a los responsables de cada comedor escolar, permitiéndoles adquirir insumos directamente en almacenes y comercios de proximidad para abastecer las necesidades alimentarias de los alumnos.

Sin embargo, la auditoría realizada por la administración provincial reveló que este sistema fue cooptado para un beneficio ilícito. Los encargados de los comedores sufrieron presión constante y reiterada para desviar sus compras hacia un proveedor único: una empresa comercial conocida como Ahora Voy Sociedad de Responsabilidad Limitada. En múltiples ocasiones, las tarjetas con sumas millonarias quedaban directamente en poder de los dueños de esta firma, quienes disponían de los fondos a su antojo.

Irregularidades administrativas y ocultamiento de pruebas

La investigación descubrió patrones alarmantes en la documentación contable. Se detectaron incrementos totalmente injustificados en la matrícula de alumnos registrados, diferencias abismales entre los montos girados y las necesidades reales de los establecimientos, y casos extremos en los que la partida asignada completa se liquidaba en una sola jornada comercial.

Cuando los auditores exigieron la presentación de los cuadernos de control de menús correspondientes al período de finales del año anterior, la respuesta oficial fue insólita: se argumentó que los documentos habían sido destruidos por roedores. Días más tarde, aparecieron registros totalmente nuevos acompañados de remitos confeccionados de manera apócrifa.

Los implicados y las ramificaciones políticas

La fiscalía imputó formalmente a siete personas. Entre ellas destaca Silvina Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores Escolares en la localidad, quien fue removida de su función tras las primeras alertas. Junto a ella se encuentran imputados sus hermanos, su cuñado, los dueños de la firma proveedora y un colaborador externo que transportaba dinero en efectivo.

El expediente judicial se nutre de mensajes de texto interceptados que comprometen severamente a la exfuncionaria. En las conversaciones, se discute abiertamente el uso de dinero público destinado a la alimentación infantil para cubrir gastos personales, tales como préstamos inmobiliarios, compras de ropa y viajes. La calificación legal provisional incluye los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.

Contexto social y defensa de los acusados

El impacto político del escándalo es profundo debido al contexto socioeconómico de Concordia. Las mediciones oficiales reflejan niveles críticos de pobreza e indigencia, lo que convierte al desvío de recursos alimentarios en una falta de extrema gravedad ética y social. Las ramificaciones políticas también salpican a sectores legislativos provinciales, evidenciando fallas en los mecanismos de control institucional.

Por su parte, la principal imputada ha rechazado los cargos públicamente. En declaraciones periodísticas, sostuvo que fue ella misma quien alertó sobre las irregularidades desde el comienzo y que las autoridades provinciales ignoraron sus advertencias. La defensa sostiene que se busca utilizarla como un chivo expiatorio para encubrir responsabilidades estructurales más amplias dentro de la administración pública.