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El Gobierno bonaerense asfixia a los colegios privados con los aumentos salariales

Según Alberto Asseff, este modelo de gestión pone en riesgo la viabilidad de muchas escuelas, que dependen de los aportes estatales y de las cuotas de las familias para sostenerse.

La apertura del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires comenzó con alarma en los colegios privados subvencionados, que advierten sobre una fuerte presión financiera por los recientes aumentos salariales docentes.

Según informan desde el sector educativo, los incrementos autorizados por el gobierno provincial generan un desfasaje entre los salarios y las cuotas escolares, que solo podrán ajustarse a partir de marzo, dejando un trimestre completo con gastos superiores a los ingresos.

El ex diputado y actual conductor de UNIR, Alberto Asseff, declaró a La Postal de Mar del Plata que la situación refleja una política del gobierno bonaerense que está "liquidando a los colegios públicos de gestión privada", al imponer aumentos salariales que las instituciones no pueden absorber sin comprometer su funcionamiento.

Según Asseff, este modelo de gestión pone en riesgo la viabilidad de muchas escuelas, que dependen de los aportes estatales y de las cuotas de las familias para sostenerse.

El conflicto se agudiza por la aplicación retroactiva de los aumentos a diciembre y enero, que proyectan un incremento salarial total cercano al 8,1 por ciento, mientras que los aranceles solo podrán subir un 3 por ciento a partir de marzo. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina expresaron su preocupación por la brecha entre gastos y recursos, y solicitaron que se reevalúe la paritaria para evitar la asfixia financiera de las escuelas.

Con el inicio del año escolar, la tensión se centra en cómo los colegios privados podrán afrontar los salarios docentes sin afectar la calidad educativa ni trasladar toda la carga económica a las familias. Mientras tanto, el sector mantiene la expectativa de que el gobierno provincial contemple algún mecanismo de compensación que alivie la presión sobre las instituciones afectadas.

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