El oficialismo de Mar Chiquita avanza sin frenos hacia la privatización del sistema impositivo municipal mediante un pliego que favorece a PubliVial, una empresa con más de una década de vínculos continuos con los gobiernos locales. El proyecto se impulsa casi sin resistencia visible y en medio de un escenario político donde las formas públicas parecen chocar con las decisiones silenciosas que reconfiguran el poder dentro del distrito.

La reciente imagen de la esposa del intendente junto a Andrés "Cuervo" Larroque, posando frente al centro barrial Galpón de Teresa, condensó el clima político. La escena, en apariencia anodina y cargada de simbolismo religioso, contrastó con los movimientos internos que buscan delegar áreas clave del Estado municipal a una firma privada.

En este esquema se destaca la figura de Diego Ginestra, referente seccional de Larroque y aliado territorial del jefe comunal. Su influencia política quedó ratificada con la decisión del intendente de ubicar a su propia esposa e hijos en distintas áreas de la administración, en una trama familiar y territorial que explica más que los discursos formales.

El poder real se distribuye entre relaciones personales, lealtades seccionales y acuerdos políticos que, a la luz de los acontecimientos, moldean las decisiones institucionales.

Críticas internas señalan además el rol de Marcela Layera, funcionaria municipal a la que se le atribuye un papel activo en la selección de proveedores y en la inclinación del proceso a favor de PubliVial. Según estas voces, sus intervenciones habrían condicionado la competencia y favorecido a la empresa interesada. No hubo desmentidas públicas ni explicaciones oficiales.

Otra figura cuestionada es la de la directora de Asuntos Legales, la doctora Sol Yarussi. Sectores opositores sostienen que su accionar se alineó con los intereses del senador bonaerense Jorge Paredi, evitando objetar irregularidades en el proceso de concesión y permitiendo así que el pliego avance sin rigor jurídico. El silencio del área legal no hizo más que alimentar las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

También aparece mencionado el director de Modernización del Estado, Kiusver Costa Díaz, señalado como operador técnico de las bases de datos municipales y los sistemas de recaudación. Su participación sería clave para transferir capacidades operativas al privado, una transición que la oposición considera riesgosa por entregar el núcleo del control estatal a una empresa externa.

Los cuestionamientos se integran en la imagen de un entramado que contaría con el respaldo político del senador provincial Paredi y de Marcelo Cabello, ligado históricamente a PubliVial. Frente a esta red de influencias, el silencio del intendente se vuelve un factor que profundiza las dudas sobre el alcance real de este movimiento administrativo.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante (HCD) reveló otra faceta del escenario. Su presidente, Carlos Minnucci, cuestionó duramente a los bloques opositores por no asistir a la sesión extraordinaria donde debía debatirse el tema. "Los debates no se hacen en la radio", lanzó, aunque la ausencia opositora no fue sólo física: tampoco hubo presencia activa en los medios, ni instalación de la discusión técnica, ni presión política para exigir explicaciones. La retirada opositora fue total.

El avance de PubliVial no es nuevo. La empresa viene manejando históricamente servicios como publicidad en vía pública, ocupación del espacio urbano y hasta la instalación de antenas, siempre con renovaciones continuas y sin competencia real. El nuevo pliego, que suma fiscalización tributaria, sanciones y porcentaje directo de recaudación, aparece más como la continuidad natural de un modelo que como un giro repentino.

A esto se suma una narrativa asistencialista desde sectores cercanos al oficialismo, especialmente a través del Galpón de Teresa. El despliegue solidario hacia afuera convive con la tercerización interna del Estado. Una dualidad que combina caridad y privatización como dos caras de un mismo dispositivo político.

Para los vecinos, el impacto podría ser inmediato: un privado con porcentaje garantizado sobre lo recaudado tiene un incentivo económico directo para aumentar multas, presiones y controles. La lógica estatal se reemplaza por la lógica del rendimiento y el ciudadano pasa de ser contribuyente a ser cliente de un sistema tercerizado.

La discusión pública quedó reducida a gestos institucionales y llamados formales al debate, pero sin participación real, sin tiempo de análisis y sin estudios técnicos difundidos. Lo que debería ser una decisión de alto impacto discutida a fondo se transformó en un trámite administrativo silencioso.

Mar Chiquita atraviesa así un momento político donde las apariencias cubren el fondo. El asistencialismo sostiene la imagen, la oposición ausente sostiene el avance, las estructuras provinciales sostienen el modelo y las maniobras internas sostienen el control. El ciudadano, finalmente, sostiene todo lo demás.

El resultado es un Estado que, lejos de fortalecerse, parece entregarse sin ruido y sin resistencia. Una privatización que avanza, una oposición que se esconde y una institucionalidad que, lenta y silenciosamente, se va licuando.