La presunta estructura de fraude inmobiliario encabezada por el empresario argentino residente en Estados Unidos, Fernando Vicente Plastino, sumó nuevas acusaciones y un endurecimiento del frente judicial, tanto en Argentina como en Baltimore (Maryland, Estados Unidos), donde se concentran gran parte de las propiedades involucradas.

A medida que avanzan las denuncias, más inversores relatan cómo un negocio presentado como una oportunidad segura en dólares terminó convertido en un entramado de pérdidas, viviendas inhabitables y promesas incumplidas.

Inversores argentinos aseguran que canalizaron dinero para adquirir casas en barrios vulnerables de Baltimore, donde supuestamente serían refaccionadas para luego generar ingresos mediante alquileres administrados por Plastino y sus empresas.

A través de FPBC LLC y otras sociedades, el empresario ofrecía una operatoria integral que incluía mantenimiento, búsqueda de inquilinos, cobro de rentas y envío de utilidades. Pero los pagos, denuncian, dejaron de llegar.

Uno de los casos más recientes involucra una propiedad en la cuadra 2500 de la Avenida Edmondson, comprada a nombre de un inversor argentino que finalmente descubrió que la vivienda no estaba terminada y que era imposible alquilarla.

El comprador incluso viajó a Estados Unidos para verificar la situación. Según relató su abogado, Brett Dieck, un empleado de Plastino lo llevó hasta la casa, pero le dijo que no podían ingresar porque supuestamente había un inquilino. Más tarde, el inversor se enteró de la verdad: la vivienda estaba vacía y las reparaciones nunca se habían realizado.

Este escenario se repite. Varios compradores argentinos, que habían sido conectados con Plastino por recomendaciones informales, describen un mecanismo donde la distancia geográfica jugó a favor de la maniobra. Desde Argentina, las propuestas de inversión parecían sólidas: comprar casas baratas entre 20 mil y 40 mil dólares, reacondicionarlas y obtener ingresos estables en dólares. En un contexto de inestabilidad económica argentina, la oferta resultaba tentadora.

Sin embargo, al igual que ocurrió en otros escándalos inmobiliarios previos como los de ABC Capital o empresas que operaban con inversores de Turquía, Hong Kong o Israel, la historia terminó en frustración, cuentas bancarias resentidas y barrios de Baltimore nuevamente afectados por viviendas abandonadas y en ruinas.

Las autoridades locales ya tomaron nota del caso. Tammy Hawley, portavoz del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Baltimore, confirmó que conocen las diversas corporaciones fantasma utilizadas por Plastino y que se han iniciado acciones judiciales sobre varias de sus propiedades.

En Argentina, el conflicto escaló con una carta documento enviada desde La Plata, donde se acusa a Plastino; a su socio Julián María Carissimi; al colaborador César Humberto Fernández; a la periodista Paula Lugones, esposa de Plastino; y a los operadores Marcos Müller y Rafael Mújica Lázaro, por administración fraudulenta, estafas reiteradas y asociación ilícita.

Mújica, cuñado del empresario, era señalado como su principal vendedor de propiedades, mientras que Müller actuaba como administrador dentro del esquema.

La intimación menciona, entre otros puntos, que FPBC habría retenido durante dos años la totalidad de los ingresos por alquileres de las sociedades MYC LLC y JAY C LLC sin transferir un solo dólar a los propietarios. También se sostiene que tampoco se pagaron impuestos ni servicios, acumulando un perjuicio superior a 62 mil dólares. Se suman además denuncias por la compra frustrada de la vivienda ubicada en 1411 Fulton Ave., por la cual se pagaron 130 mil dólares sin que la propiedad fuera transferida.

Mientras tanto, las propiedades adquiridas por Plastino siguen generando preocupación. Documentos públicos indican que desde 2018 compró más de 200 casas, muchas de ellas en zonas seriamente afectadas por abandono estructural. En los hechos, gran parte de esas viviendas no estaban en condiciones de ser alquiladas, pese a que los inversores recibían reportes que sugerían lo contrario.

Ante el derrumbe del esquema, algunos damnificados intentan recuperar las inversiones recurriendo a nuevos administradores. Yehuda Blasenstein, contratado para rehabilitar unas cuarenta propiedades, advirtió que la situación es crítica: no todos los afectados pueden afrontar las reparaciones necesarias después de haber perdido tanto dinero.

Las familias afectadas expresan incertidumbre. Desde Buenos Aires, Candela Salvador relató que su suegra invirtió en una de las propiedades de Baltimore y que hoy creen que podrían perderlo todo. Otros damnificados evalúan acciones colectivas en Estados Unidos y denuncias penales en Argentina.

Los intentos por contactar a Plastino, a su esposa y a sus abogados no tuvieron éxito. En una demanda presentada previamente, un abogado defensor negó cualquier tipo de fraude y atribuyó los retrasos y fallas a factores externos que habrían obstaculizado las rehabilitaciones.

Mientras el frente judicial se expande y nuevos testimonios salen a la luz, el caso ya empieza a tomar la dimensión de un escándalo internacional. Los damnificados se multiplican, los barrios afectados de Baltimore cargan con nuevas casas deterioradas y las autoridades de ambos países observan una trama que, lejos de cerrarse, sigue profundizándose.