El abogado Julio Razona reapareció públicamente con una dura crítica al sistema de salud y a la reciente regulación de la ley de vacunación, a la que definió como “un mecanismo de imposición ilegal y arbitraria” que, según él, vulnera la libertad de los padres y el ejercicio de la patria potestad.

En un extenso mensaje difundido en redes y declaraciones públicas, Razona acusa a partidos de todos los signos, a sectores del Poder Judicial y a organismos internacionales de favorecer “un negocio” farmacéutico que obliga a inyectar vacunas desde el nacimiento y silencia a quienes piden un debate científico y jurídico.

Entre los puntos centrales de su mensaje, Razona menciona explícitamente la Ley 27.491 y su reglamentación (Decreto 439/2023) como el andamiaje legal que, a su entender, permite la “coacción” sobre las familias. Esa ley regula la política pública de control de enfermedades prevenibles por vacunación y su reglamentación fue formalizada por decreto a fines de agosto de 2023.

Frente a las afirmaciones de Razona sobre “vacunación por la fuerza”, fuentes oficiales y análisis jurídicos muestran un panorama más matizado: la Ley 27.491 y las normas del calendario nacional defienden las vacunas como un bien de salud pública, gratuitas y de acceso obligatorio para garantizar la cobertura colectiva, pero la implementación cotidiana en centros de salud no siempre implica actuaciones forzadas, salvo decisiones judiciales puntuales en casos extremos donde se interpreta que el interés superior del niño está en riesgo.

Existen fallos judiciales que han ordenado la aplicación de vacunas en casos concretos y con apercibimiento de medidas para garantizar la salud del menor.

Organismos de verificación y medios especializados han señalado que varias de las afirmaciones difundidas por referentes que cuestionan las vacunas (entre ellos mensajes emitidos por Razona en distintas plataformas) contienen imprecisiones o han sido desmentidas cuando se presentan como hechos generales (por ejemplo, afirmaciones sobre prácticas inexistentes en vacunatorios o supuestas conspiraciones globales).

Los chequeos subrayan la importancia de distinguir entre críticas políticas o jurídicas legítimas y afirmaciones que pueden inducir a error sobre cómo funciona el sistema de vacunación pública.

En su comunicación, Razona convoca a “millones de padres” a exigir un debate “científico-jurídico serio y responsable” y acusa a partidos políticos y a la comunidad científica de “cerrar el diálogo”. Sus palabras apelan a la protección de los derechos parentales y a la defensa de la libertad en salud; al mismo tiempo, generan controversia porque tocan la tensión central de las políticas públicas sanitarias: el equilibrio entre la protección de la salud colectiva y las libertades individuales.

La discusión que plantea Razona continuará, como sucede con los debates sobre salud pública, entre quienes reclaman mayores garantías para la autonomía y quienes sostienen que el calendario de vacunas y su reglamentación son instrumentos esenciales para prevenir enfermedades evitables.

Los textos legales y los fallos judiciales citados muestran que, aunque la ley establece obligatoriedad para cierto esquema de vacunas, su ejecución y las decisiones extremas (como órdenes judiciales de aplicación) son materia de interpretación y, en ocasiones, de controversia pública.

Para quien quiera consultar la normativa y los documentos oficiales citados: la Ley 27.491 aparece publicada en los registros oficiales y la reglamentación está disponible en el Decreto 439/2023; además, el Ministerio de Salud publica información sobre el Calendario Nacional de Vacunación y su alcance.