El 2 de diciembre de 2025 marca el fin de una etapa que pocos conocían en detalle. Ese día vence la ordenanza 5250, promulgada en 2023, que cedió la concesión de la venta ambulante en playa a una organización privada: la Asociación de Vendedores Ambulantes Zona Sur, con sede en San Bernardo. 

El acuerdo, presentado como una política de “ordenamiento”, terminó construyendo un sistema paralelo de control, donde la entidad no solo entregaba permisos, sino que también actuaba como autoridad inspectora.

En los papeles, la medida buscaba “organizar” la actividad. En la práctica, tercerizó la gestión de la playa. Los permisos pasaron a depender de la asociación; los controles, de sus propios inspectores; y la Municipalidad, de espectadora. Así, la venta ambulante, históricamente el sustento de muchas familias costeras, se convirtió en un negocio con sello privado y respaldo oficial.

Las denuncias se multiplicaron: reventa de carnets, favoritismos y exclusión de vecinos. Según testimonios publicados en distintos medios, existía un mercado negro de permisos, donde el acceso al trabajo dependía más de los contactos que de la necesidad. “Cuatro o cinco vivos manejaban todo”, cuentan vendedores históricos que quedaron fuera del sistema.

Detrás del manejo, aparecen nombres propios. Fernando Díaz, presidente de la Asociación, fue quien defendió públicamente el esquema como una “organización exitosa”. Juan de Jesús, actual intendente, justificó la medida asegurando que buscaba “beneficiar a las familias locales”. Sin embargo, no hay registros públicos que muestren cómo se otorgaron los cupos, qué fondos se recaudaron o quién auditó a los inspectores de la entidad.

Una de las cláusulas más polémicas fue la exigencia de 10 años de residencia en La Costa para poder acceder a un permiso. La condición, planteada como un beneficio para los vecinos, terminó funcionando como una barrera discrecional: un filtro que dejó afuera a nuevos residentes y habilitó la selección política de quién podía trabajar y quién no.

Con la caída de la ordenanza en diciembre, la gran incógnita es qué hará el Municipio. ¿Recuperará el control real de la venta ambulante o buscará una nueva figura legal para mantener el esquema? Las organizaciones sociales y los vendedores reclaman que los permisos vuelvan a la órbita municipal, con cupos transparentes y fiscalización estatal, no tercerizada.

El modelo de La Costa, de hecho, no tiene equivalentes en otros destinos turísticos.

En Mar del Plata, los permisos se gestionan directamente desde la Dirección de Inspección General, con controles municipales y sin asociaciones con poder de policía.

En Pinamar, el sistema es más restrictivo: pocos rubros, escasos permisos y fuerte intervención política. En Villa Gesell, el esquema es mixto: la Municipalidad otorga permisos y permite cooperativas en algunos rubros, pero la fiscalización sigue siendo pública.

El contraste es claro. Mientras en otros balnearios el Estado mantiene el control, en La Costa se cedió todo el manejo a una asociación privada. Un modelo que terminó creando un Estado dentro del Estado, con la playa como territorio propio.

El 2 de diciembre podría marcar el fin de esa etapa… o el comienzo de otra igual. Porque si algo ha demostrado la política en La Costa, es que los curros no se eliminan: se reciclan.