Mayra Rendón, analista de la consultora Centro de Estudios para la Producción Argentina (CEPA), envió el informe "La dotación de personal del Sector Público Nacional", con datos actualizados a junio de 2025, que evidencia un profundo ajuste en el empleo público desde la asunción del nuevo Gobierno.

Según el documento, entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 54.176 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 15,9 por ciento de la planta de personal del Sector Público Nacional.

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados. El Correo Argentino lidera el listado con 4916 desvinculaciones, seguido por la Operadora Ferroviaria SE (2801) y el Banco Nación (1831), mientras que Aerolíneas Argentinas (AA) registra 1768 cesantías.

En materia salarial, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reflejan una caída del poder adquisitivo del orden del 14 por ciento en el sector público. Sin embargo, al desagregar el análisis se observa una diferencia notable entre el nivel nacional y el provincial: a mayo de 2025, los salarios nacionales muestran una retracción del 31,5 respecto a noviembre de 2023, mientras que los provinciales presentan una caída de 6,8 en el mismo período.

Si se consideran los aumentos oficializados por el decreto 527/2025, los salarios públicos nacionales perderán otro 2,4 por ciento entre mayo y noviembre de 2025, ubicándose 33,1 por debajo del poder adquisitivo de fines de 2023.

El informe también destaca el impacto diferenciado según tipo de organismo: en la Administración Pública Nacional (APN) el mayor recorte nominal se dio en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3052 puestos eliminados, seguido por ANSeS (1457) y CONICET (1091). En términos proporcionales, el ajuste más severo afectó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-63 por ciento), la Junta de Seguridad en el Transporte (-45) y el INAES (-41).

Estos datos confirman la continuidad de una política de ajuste y repliegue del Estado, con consecuencias directas en la capacidad operativa de áreas clave (desde servicios esenciales hasta investigación científica) y una merma sustancial en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.