En las últimas horas se profundizaron las denuncias contra la Clínica Privada Los Tilos, ubicada en la zona de calle 2 y 41 de La Plata, donde trabajadores y ex empleados aseguran que el establecimiento atraviesa una situación sanitaria alarmante. Según los testimonios, el estado general del edificio representaría un riesgo severo tanto para el personal como para los pacientes que reciben atención en el lugar.

De acuerdo con los relatos, dentro del sanatorio habría residuos acumulados, olores nauseabundos y focos infecciosos. También mencionan la presencia de materiales peligrosos y patológicos presuntamente guardados en bolsas negras, lo cual no cumpliría con la normativa vigente para el manejo de desechos biológicos de alto riesgo. A ello se sumaría la existencia de basura, colchones descartados y elementos contaminantes ubicados cerca del sector donde se manipulan alimentos, una irregularidad que los denunciantes califican como grave.

El panorama se agrava con reclamos por sueldos adeudados, que señalan como responsable a la administradora del lugar, Silvia Arzuaga. Según indican, los retrasos en los pagos se arrastran desde hace varios meses. También denuncian que la morgue de la clínica estaría inhabilitada por falta de refrigeración, generando olores intensos y condiciones inapropiadas para la conservación y el manejo de los cuerpos.

Las acusaciones no se limitan al deterioro sanitario. Los denunciantes informaron que se presentó una denuncia penal en la UFI 2 por presunta práctica ilegal de la medicina.

En ese expediente se menciona a Donoso Branco, un ciudadano chileno que, según señalan, se desempeñaba como médico en terapia, piso y guardia sin contar con matrícula habilitante y utilizando el sello de otra profesional. También habrían sido elevadas denuncias ante PAMI e IOMA por presunto maltrato hacia pacientes y por el desempeño de auxiliares de enfermería en funciones que corresponden exclusivamente a personal profesional, algo prohibido por la normativa sanitaria.

Los trabajadores apuntan además a la falta de respuestas estatales y cuestionan la presunta inacción de Néstor Porras, presidente de Fecliba y pareja de Arzuaga, a quien le reclaman intervenir para garantizar condiciones seguras y el respeto de los derechos de empleados y pacientes.

"Como ex trabajadoras exigimos que alguien haga algo y dejen de hacer negocio con la vida de los abuelos", expresaron quienes impulsan las denuncias.

Hasta el momento no hubo declaraciones públicas por parte de la administración de la clínica ni de las autoridades sanitarias provinciales. La situación permanece a la espera de los avances judiciales y administrativos, así como de posibles inspecciones que permitan determinar la veracidad de los hechos denunciados.