En Luján crece una polémica que combina obra pública, adjudicaciones poco transparentes y la aparición de una cooperativa señalada por graves irregularidades.

Vecinos, referentes locales y usuarios de redes sociales encendieron las alarmas tras conocerse que una obra municipal fue otorgada de manera directa a una cooperativa cuyos antecedentes despiertan más preguntas que certezas. El municipio, por ahora, guarda silencio sobre el destino del dinero adjudicado.

La obra, presupuestada en 210 millones de pesos, fue entregada a la cooperativa FANPA LTDA, señalada por algunos sectores como una entidad con vínculos políticos dentro del poder local. La adjudicación directa, sin un proceso claro de competencia ni publicación detallada de informes técnicos, generó sospechas desde el inicio.

Pero la inquietud creció aún más cuando trascendió que la cooperativa tendría un historial poco transparente: cheques rechazados, balances presuntamente falsos y una actividad que algunos vecinos califican como propia de una "cooperativa fantasma".

Imágenes y testimonios difundidos en redes sociales apuntan además a la calidad del trabajo realizado. En algunos sectores, los cordones construidos presentan desniveles, irregularidades y un acabado muy por debajo de lo esperado para una inversión millonaria. Para los críticos, este contraste entre el monto asignado y el resultado visible alimenta la idea de que los controles sobre la obra fueron insuficientes o directamente inexistentes.

El Municipio aún no brindó explicaciones claras sobre cómo se ejecutó la obra, qué controles se realizaron ni qué destino tuvo la totalidad de los fondos. Tampoco se informó si la cooperativa presentó la documentación exigida por ley ni si se verificaron sus antecedentes financieros y contables antes de la adjudicación.

El caso tomó mayor relevancia en un contexto nacional donde miles de cooperativas de trabajo quedaron bajo la lupa. Auditorías del INAES detectaron durante el último año un aumento explosivo de entidades con irregularidades, falta de actividad real, documentación dudosa y potencial uso como vehículo para triangulación de fondos o asignaciones discrecionales. En ese escenario, la situación de Luján encaja con un patrón que se repite en distintos municipios del país.

Mientras crecen las dudas, lo que más llama la atención es la ausencia de un informe oficial que permita despejar o confirmar las sospechas. Vecinos reclaman transparencia, los cuestionamientos circulan sin pausa y la administración local sigue sin ofrecer respuestas concretas. La incertidumbre se profundiza y la pregunta central permanece intacta: ¿qué pasó con los 210 millones destinados a una obra que, según quienes la observan de cerca, no se condice ni en calidad ni en claridad administrativa con el dinero invertido?