La Justicia Federal frenó por 60 días el proyecto de destilería y bar en el predio lindero al Faro de la Memoria. La Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (integrada por los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza) revocó parcialmente una resolución de primera instancia y dictó la suspensión de cualquier tipo de obra o actividad en ese terreno.

El objetivo: dar tiempo a los organismos de derechos humanos para presentar pruebas de que las obras podrían destruir evidencia vinculada a crímenes de lesa humanidad. 

El proyecto había sido aprobado en agosto de 2024 por el Concejo Deliberante (HCD) de General Pueyrredon, que cedió el uso del predio a una asociación vecinal (la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte), y un decreto municipal oficializó la habilitación de un bar con destilería de gin. Según los promotores, se trataba de una parcela independiente (una parcela fiscal separada del predio histórico) lo que según ellos habilitaba su uso comercial. 

Pero desde la querella (representada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado) se sostiene que esa diferenciación catastral es una mera formalidad, y que el terreno debe entenderse como parte indivisible del espacio histórico en donde funcionó el ex centro clandestino de detención ESIM.

Señalan que no solo los edificios señalizados podrían tener valor testimonial: hay denuncias de sobrevivientes que recuerdan torturas, simulacros de fusilamiento y detenciones en zonas arboladas que coinciden con el lote destinado a la construcción. 

A esta polémica se suma una nueva declaración que transmitieron "off" a La Postal de Mar del Plata: “Tienen razón, todo indica que fue lugar de detención… Hay dos habitaciones cerradas, sin ventanas, tipo celdas… Una en medio del terreno; los jueces deberían inspeccionar el lugar… Ni hablar los concejales pedorros y autoridades…".

Esa versión (aún sin verificarse oficialmente) sugiere que dentro del predio podrían existir estructuras similares a celdas, lo que reforzaría la necesidad de una inspección profunda antes de autorizar cualquier obra. Si esas habitaciones efectivamente existieran, su remoción implicaría borrar huellas concretas de un pasado de horror, lo que reafirma la gravedad del proyecto.

Mientras tanto, la decisión de la Cámara frena momentáneamente el avance de la inversión comercial impulsada por el oficialismo municipal y pone en pausa el emprendimiento privado que buscaba instalar la destilería.

Pero la cautelar no es definitiva: los tiempos judiciales ahora dependen de que se presenten pruebas contundentes sobre la relevancia histórica y testimonial del suelo, y de que los magistrados evalúen si corresponde preservar el terreno como parte del patrimonio de la memoria.