La dramática secuencia que terminó con la muerte de Juan Manuel De Vita y una violenta represión policial en Morón Sur desató una crisis política que golpea de lleno al intendente Lucas Ghi.

Todo comenzó el sábado 6 de diciembre, cuando el policía de la Ciudad, Carlos Javier Pelazo, atropelló con su vehículo a José Luis Zárate, conocido en el barrio 20 de Junio como "Pitu", y se dio a la fuga sin brindarle asistencia.

Zárate sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo y luego al Hospital Posadas, donde continúa luchando por su vida. 

Pelazo recién se presentó seis horas más tarde en la Comisaría Cuarta de Morón, aunque sin el vehículo involucrado. El procedimiento generó sospechas desde el inicio: nadie puede explicar por qué se le permitió continuar armado ni por qué no quedó detenido de inmediato.

Cuando regresó con el auto, escoltado por otro policía, se encontró con vecinos y familiares de Zárate. En medio de la tensión, intentó escapar y fue increpado por un joven, primo de la víctima. Fue entonces que Pelazo abrió fuego y disparó al menos 6 veces. 2 balas impactaron en Juan Manuel De Vita, una de ellas en la nuca, causándole la muerte en el acto. Tras ello, el agente volvió a huir y se entregó minutos más tarde. 

El clima en el barrio se tornó explosivo y los vecinos comenzaron a reclamar justicia. Pero la respuesta del Municipio y de la cúpula policial fue un operativo que incluyó más de 20 móviles, infantería y agentes de civil, cuyo accionar derivó en una represión violenta: balas de goma disparadas a mansalva, heridos y cuatro detenidos.

Entre los cartuchos recogidos por los vecinos aparecieron también casquillos de plomo, agravando aún más el cuadro. El concejal Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, presentó un proyecto de resolución repudiando tanto el homicidio como la represión, y denunció la responsabilidad política del intendente Ghi y su secretario de Seguridad, Damián Cardoso, a quienes acusó de incapacidad de diálogo, falta de empatía y conducción represiva. 

Aguilera advirtió que Ghi "se mueve sobre la cornisa" en un contexto donde ya carga con cuestionamientos previos por no aplicar protocolos de género en casos internos del municipio. Para el edil, la escalada represiva exhibe un intento deliberado de desactivar cualquier manifestación ciudadana mediante el miedo.

También criticó la intención del jefe comunal de impulsar una policía local bajo su órbita, considerando la actuación reciente "un indicio alarmante de incapacidad para conducir fuerzas de seguridad sin caer en la violencia estatal". El concejal reclamó la investigación judicial de todo el procedimiento y de las órdenes emanadas desde el Ejecutivo Municipal durante la represión, apuntando a responsabilidades políticas y policiales de todos los rangos.