Por Uriel Salomón

Desde su ascenso al poder en 2012, Xi Jinping dirige una de las más extensas y controvertidas campañas anticorrupción en la historia moderna de China.

Este esfuerzo, que atravesó al Partido Comunista Chino (PCCh) y amplios sectores de la sociedad, es tanto una herramienta de gobernanza como un mecanismo de consolidación de poder. Al profundizar en esta campaña, surgen preguntas clave sobre sus implicancias políticas, sociales y económicas.

Liuzhi: un sistema legalmente ambiguo

El sistema de detención especializado conocido como liuzhi (“retención bajo custodia”) se inscribe en la Ley de Supervisión Nacional de 2018. Esta herramienta permite la detención incomunicada de sospechosos hasta por seis meses, sin acceso a abogados ni supervisión externa efectiva.

Aunque se presenta como un avance respecto al controvertido sistema shuanggui (que operaba de forma completamente extrajudicial), el liuzhi ha heredado muchas de sus prácticas más problemáticas, como la obtención de confesiones forzadas y el abuso de poder.

“En el pasado era extralegal. Ahora, algunos críticos lo llaman 'legalmente ilegal'”, afirmó un académico chino bajo anonimato, destacando cómo la formalización del sistema no ha resuelto sus defectos estructurales. Este cambio legal debe entenderse en el contexto de un Partido Comunista que buscaba responder a críticas internacionales y nacionales mientras mantenía un control estricto sobre los procesos de supervisión y disciplina.

Los críticos consideran que el liuzhi sirve no solo para combatir la corrupción, sino también para silenciar a opositores y consolidar el control del PCCh sobre el aparato estatal. Desde 2018, al menos 218 centros liuzhi han sido construidos o ampliados, una cifra que subraya la importancia estratégica de este sistema en la visión de Xi Jinping.

El papel del CCDI en la campaña anticorrupción

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) ha sido la principal herramienta de Xi Jinping para implementar su cruzada anticorrupción. Este organismo, creado en 1949, está encargado de vigilar la disciplina dentro del PCCh y combatir la corrupción entre sus miembros. Desde 2012, el CCDI ha ampliado su jurisdicción y su capacidad operativa, convirtiéndose en un pilar fundamental de la gobernanza china bajo Xi.

El CCDI funciona como una entidad interna del partido, lo que significa que tiene autoridad para investigar y disciplinar a miembros del PCCh sin recurrir al sistema judicial ordinario. Sus investigaciones suelen implicar la detención preventiva de los sospechosos en instalaciones especializadas, como los centros liuzhi, hasta que se reúnan pruebas suficientes para remitir los casos a las fiscalías estatales.

Esto resalta cómo el PCCh ha centralizado sus mecanismos de control disciplinario para reforzar su dominio. Además, coordina los llamados "equipos de inspección central", grupos encargados de auditar las prácticas de empresas estatales y organismos gubernamentales.

Estos equipos realizan investigaciones exhaustivas que incluyen entrevistas, revisión de documentos y auditorías financieras. Sus hallazgos son enviados al CCDI para que este decida si se deben iniciar procedimientos formales, lo que ilustra su papel crítico en la identificación de patrones de corrupción.

En los últimos años, la institución también ha fortalecido su colaboración con la Comisión Nacional de Supervisión (CNS). Ambas entidades comparten recursos, oficinas y personal, unificando de facto los esfuerzos del partido y el Estado en la lucha contra la corrupción.

Este enfoque integrado ha permitido una respuesta más rápida y eficiente, pero también ha generado críticas sobre la falta de transparencia y el uso del CCDI para eliminar rivales políticos. Este nivel de colaboración refuerza la centralización del poder en Xi Jinping y su visión de un partido omnipresente. Según cifras oficiales, entre 2012 y 2023, el CCDI procesó más de 2,3 millones de casos, incluidos más de 120 altos funcionarios y miles de cuadros de nivel medio y bajo. Estas cifras reflejan la magnitud de la campaña y el papel central del CCDI en su ejecución, así como el mensaje inequívoco de que nadie está por encima del escrutinio.

Una campaña de doble filo: gobernanza y autoritarismo

La narrativa oficial del PCCh enmarca esta cruzada como un esfuerzo para restaurar la confianza del público en el partido y fortalecer el Estado de derecho. “No se puede detener, aflojar ni transigir en materia de lucha contra la corrupción”, declaró Xi Jinping, quien también prometió perseguir tanto a “tigres” (altos funcionarios) como a “moscas y hormigas” (actores de menor escala).

Sin embargo, el impacto político de la campaña es innegable. Desde 2012, más de 2,3 millones de funcionarios han sido procesados, incluyendo figuras de alto perfil como Zhou Yongkang, ex ministro de Seguridad Pública, y Li Tie, ex entrenador de la selección nacional de fútbol.

Al mismo tiempo, Xi ha utilizado esta iniciativa para purgar a rivales políticos y consolidar su poder, allanando el camino para un mandato indefinido.

La creación de la Comisión Nacional de Supervisión (CNS) en 2018, una agencia que combina las funciones anticorrupción del PCCh y el Estado, ejemplifica cómo la campaña ha reconfigurado las estructuras de gobernanza en China.

Aunque la CNS está formalmente regulada por la Ley de Supervisión, en la práctica responde directamente al PCCh, exacerbando preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y transparencia. Esta dualidad plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la centralización autoritaria y las reformas estructurales.

Impacto económico y social

La campaña anticorrupción también tiene profundas implicaciones económicas. Sectores como las finanzas, la energía y la infraestructura han sido objeto de intensas investigaciones. En palabras de Xi: "Profundizaremos la rectificación de la corrupción en sectores concentrados de poder, intensivos en capital y ricos en recursos".

En 2023, la CCDI inspeccionó más de 30 empresas estatales clave, como el Banco de Desarrollo de China y China Investment Corp. Este enfoque refleja un intento por asegurar que la economía funcione bajo los principios del partido.

Si bien estas medidas buscan erradicar abusos y reforzar la eficiencia, también generan incertidumbre entre inversores y empresarios. Las acusaciones contra figuras prominentes como Bao Fan, fundador de China Renaissance, han provocado caídas significativas en los mercados.

Además, las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y la desaceleración económica estructural complican aún más el panorama, destacando los riesgos de una campaña que sacrifica estabilidad económica por control político.

La campaña anticorrupción de Xi Jinping es un microcosmos de su estilo de gobernanza: una combinación de reformas necesarias y centralización autoritaria. Si bien ha desmantelado redes de corrupción profundamente arraigadas, también ha consolidado un sistema político que prioriza la lealtad al partido sobre los derechos individuales y el Estado de derecho.

El liuzhi y la CNS son símbolos de esta dinámica dual. Como destacó Sophie Richardson de Human Rights Watch: "Ponerle una chapa de legalidad a un sistema de detención extralegal no lo hace menos abusivo". En última instancia, el éxito o fracaso de esta campaña no solo definirá el legado de Xi Jinping, sino también el rumbo futuro de China como potencia global.