En medio de una creciente controversia en la administración de licencias de conducir, una nueva denuncia pone en la mira a funcionarios de la dependencia encargada.

La situación ha escalado con la aparición de acusaciones de violencia de género que, según diversas fuentes, fueron fabricadas con el propósito de remover a examinadores del examen práctico, quienes se han destacado por su integridad y negativa a aceptar sobornos.

La denuncia y sus irregularidades

Una denunciante, presuntamente asesorada y respaldada por testigos afines, presentó una denuncia ante la Dirección de Políticas de Género. Sin embargo, algunos de los involucrados en el proceso tienen antecedentes que ponen en duda su credibilidad, incluyendo investigaciones por cobro indebido en la tramitación de licencias. 

La denuncia carece de pruebas contundentes y se basa solo en declaraciones. Se ha revelado que la denunciante ocultó su situación a su familia, asegurando estar de vacaciones cuando en realidad estaba bajo carpeta psiquiátrica.

Este hecho, junto con la ausencia de pruebas, ha generado indignación entre los afectados, quienes planean presentar acciones legales por falsa denuncia, calumnias e injurias.

Presión y manipulación en la Dirección de Licencias

Según información obtenida por este medio, se habría revelado en un audio que la denuncia tenía el objetivo de acelerar traslados y sumarios contra los inspectores. En el mensaje, se menciona la compra de espacios en medios digitales para evitar que se difundan versiones alternativas de los hechos.

El "modus operandi" incluiría el hostigamiento y la difamación contra empleados que se resisten a ciertas maniobras. En lo que va de la gestión, se han registrado más de 20 traslados y cinco renuncias atribuibles a la presión ejercida desde la dependencia. Los casos más recientes incluyen la dimisión de un examinador práctico y una facultativa.

Trámites irregulares

Entre las irregularidades detectadas, destacan tres casos graves:

• Examen práctico de motocicleta tomado un sábado, día en que no se realizan pruebas para ese tipo de vehículo.
• Licencia exprés para un familiar de una funcionaria, quien inició su trámite y lo completó en solo un día, con examen práctico tomado por la propia funcionaria y usando un vehículo con domicilio vinculado a su familia.
• Manipulación de documentos de otra solicitante, quien desaprobó su práctica y, meses después, vio su documentación alterada para obtener una licencia sin rendir los exámenes necesarios.

Impunidad y falta de controles

Las denuncias sobre estas prácticas incluyen la presión sobre superiores para garantizar permanencia en los cargos y evitar sanciones. Se ha mencionado que existen registros detallados de favores otorgados a funcionarios clave.

La falta de reacción del Ejecutivo municipal ante estas denuncias pone en jaque la transparencia en la expedición de licencias de conducir. Se espera que la Justicia investigue estas maniobras y que la Dirección de Políticas de Género actúe con equidad, descartando denuncias sin sustento y garantizando que no sean utilizadas como herramienta de persecución.

El silencio de las autoridades y la permanencia de estas prácticas refuerzan las dudas sobre la voluntad política para erradicar la corrupción en un área tan sensible como el otorgamiento de licencias de conducir.