En declaraciones recientes, el juez federal Alfredo López denunció lo que él considera una deficiente política de seguridad en el país y afirmó que "no hay política de seguridad seria y hay un garantismo penal".

Con estas palabras, López puso en evidencia el debate en torno al equilibrio entre la protección de los derechos de los acusados y la eficacia en la lucha contra la delincuencia.

Según López, la ausencia de una estrategia coordinada y robusta por parte de las autoridades se traduce en un sistema que no actúa con la contundencia necesaria para proteger a la ciudadanía.

"No hay política de seguridad seria", afirmó, señalando que las medidas adoptadas hasta el momento no han logrado responder a la creciente demanda social de seguridad.

El juez también criticó el denominado garantismo penal, término que se utiliza para describir la tendencia a privilegiar en exceso los derechos de los acusados dentro del proceso penal. Desde esta perspectiva, el énfasis en las garantías procesales podría estar limitando la capacidad del Estado para aplicar medidas más enérgicas contra la criminalidad, situación que según López, afecta la efectividad de las políticas de seguridad.

La declaración de López se enmarca en un contexto de creciente debate en Argentina, donde diversos actores del ámbito judicial, político y social discuten si es posible lograr un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de combatir eficazmente la delincuencia.

Mientras algunos sectores abogan por un reforzamiento de las medidas de seguridad, otros defienden la importancia de mantener las garantías procesales como salvaguarda de un sistema judicial justo y equitativo.

Expertos en seguridad y derechos humanos sostienen que el reto consiste en encontrar una política integral que permita, por un lado, atender las legítimas demandas de protección de la ciudadanía y, por otro, asegurar que el Estado de derecho no sea vulnerado en el proceso.

La polémica en torno al garantismo penal refleja las tensiones existentes entre quienes consideran prioritario endurecer las leyes y quienes advierten sobre el riesgo de cometer excesos que podrían derivar en arbitrariedades o violaciones de derechos fundamentales.

En este contexto, las declaraciones del juez Alfredo López reavivan la discusión sobre la necesidad de revisar y, en su caso, reformular las políticas de seguridad en Argentina, con el fin de lograr un sistema que, sin descuidar las garantías individuales, ofrezca una respuesta efectiva frente a la criminalidad.