Uno de los puntos más cuestionados es la carga impositiva sobre los comerciantes, un sector golpeado por trámites burocráticos que, según Green, no tienen correlato con otros municipios. En Villa Gesell todos los comercios deben renovar su habilitación cada año, incluso sin cambios en su actividad o titularidad. “Es engorroso, caro e injustificado. Si un contrato dura tres años, no tiene sentido pedir papeles todos los doce meses”, denunció.

Sobre la tasa de Seguridad e Higiene, Green explicó que su espíritu original era cobrarle solo a grandes contribuyentes, como bancos, estaciones de servicio o supermercados que no pagaban otras tasas pero tenían gran facturación. Con el tiempo, la tasa se extendió y en 2025 se generalizó por completo, convirtiendo a cualquier comercio en “contribuyente mayor”. “Para el municipio ahora todos somos grandes empresas”, ironizó.

En cuanto a la actualización del módulo, aseguró que el Ejecutivo municipal oculta parte del aumento real: al 34 por ciento anual informado, debe sumarse un incremento previo del 20 por ciento aplicado al cambiar de año. “El ajuste real arranca en un 54 por ciento. Y si suben los módulos de 200 a 500 o 600, la tasa se dispara al 90 o 100 por ciento”, detalló.

A esto se suma un contexto que amplifica el malestar vecinal: calles destruidas, luminarias sin reemplazo, basurales en crecimiento, inseguridad en alza y denuncias por presuntos sobreprecios en la obra del hospital Arturo Illia. Green remarcó que la situación sanitaria es crítica: faltan médicos, insumos y turnos, mientras que la inseguridad incorpora modalidades delictivas inéditas para la ciudad, como el accionar de motochorros.

El concejal indicó que el problema no es la falta de recursos sino la desorganización: “El secretario de Seguridad confirmó que patrulleros y combustible hay. Lo que faltan son efectivos. Sin gente en la calle no se puede armar un plan serio”.

Finalmente, Green apuntó que la única salida posible es integrar a la Guardia Urbana, el personal de tránsito y todas las áreas disponibles para recomponer la presencia estatal. Mientras tanto, crece la percepción de que la ciudad está en abandono y que el aumento impositivo no tiene anclaje en una mejora real de los servicios.