El Senado se prepara para una de las sesiones más escandalosas de los últimos años: la definición sobre el ingreso de Lorena Villaverde, la dirigente rionegrina marcada por denuncias, sospechas y un pasado que incomoda incluso a quienes hoy la defienden por conveniencia política.

El Gobierno apuesta al acompañamiento del PRO, parte de la UCR y algunos senadores provinciales para blindar su pliego y permitirle asumir, pese a que el Partido Justicialista de Río Negro impugnó formalmente su designación por considerar que su ingreso “daña la institucionalidad y compromete la transparencia democrática”.

Pero lo más llamativo es que, aun con la impugnación, Alberto Weretilneck, gurú político del oficialismo rionegrino y operador de larga data, no movió un dedo en su momento para frenar la llegada de Villaverde al Senado. A través de su senadora en funciones, el gobernador rionegrino no votó en contra de su designación, dejando en claro que, cuando se trata de acomodar intereses, el pragmatismo pesa más que cualquier bandera moral.

A Villaverde, actual diputada nacional hasta 2027, le reprochan desde hace años antecedentes que vuelven una y otra vez: su detención en 2002 en Florida, Estados Unidos, por presunto tráfico de drogas, donde, según alegan, se le habría incautado un kilo de cocaína. La Libertad Avanza intenta minimizar el tema insistiendo en que “no tiene condena firme y la causa fue anulada”, pero dentro del mismo espacio reconocen por lo bajo: “Lo mejor hubiera sido no tenerla”.

También la persiguen sospechas por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Una mochila difícil de cargar para cualquier dirigente, pero más aún para una que busca sentarse en la Cámara Alta con fueros parlamentarios.

La resistencia más dura viene del peronismo. El jefe del bloque, José Mayans, disparó con munición gruesa: “Estados Unidos la detuvo, la expulsó y le prohibió la entrada para siempre por trabajar en la venta de estupefacientes. Acá no podemos permitir que una persona con relación directa con el narcotráfico compre una banca en el Senado”.

La senadora riojana Florencia López fue aún más lejos, asegurando que existe “vínculo probado” con el narcotráfico y que la documentación de sus detenciones “obra en poder del bloque”.

En su defensa, el libertarismo ahora recita la Constitución como mantra: sin condena firme, dicen, no se puede impedir el ingreso de una senadora electa. Y advierten que cualquier intento de bloquearla sería “un atropello institucional”.

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se cocina la rosca fina: acuerdos de madrugada, presiones cruzadas y llamados que nadie quiere admitir. El viernes será el día clave.

La pregunta ya no es si Villaverde incomoda, sino a quién incomoda más: ¿al Gobierno que busca blindarla, a la oposición que quiere voltearla, o a los propios rionegrinos, que ven cómo su dirigencia, Weretilneck incluido, mira para otro lado cuando le conviene?