Una investigación judicial avanza sobre un gravísimo caso de violencia policial ocurrido a principios de noviembre en el barrio San Pedro, donde un joven de 17 años denunció haber sido víctima de torturas y un simulacro de fusilamiento por parte de efectivos de la Policía Bonaerense y de la Patrulla Local de Luján. El expediente, en manos del Juzgado de Garantías del Joven número 1 de Mercedes, incluye testimonios, fotografías y múltiples elementos que respaldan el relato de la víctima.

El adolescente, del barrio Villa María, fue interceptado durante la madrugada por al menos cinco patrullas, según los primeros registros. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los agentes lo sacaron del interior de la casa de una vecina y lo trasladaron al callejón de Los Juncos, donde lo habrían sometido a golpes de puño en la cara y la espalda, amenazas de mutilación y un simulacro de fusilamiento que incluyó uso y disparos con armas de fuego.

La pesquisa revela un procedimiento plagado de irregularidades. No hubo orden judicial, no se registró su ingreso a ninguna comisaría, no existe precario médico, no se notificó a la Fiscalía ni al Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, pese a tratarse de un menor de edad.

Tampoco aparecen reportes internos que consignen la intervención policial. La falta de registros deliberada forma parte de las sospechas que pesan sobre los uniformados.

El hostigamiento no sería un caso aislado. En los últimos meses se detectaron episodios similares en barrios populares, donde el temor a represalias dificulta las denuncias y favorece la impunidad. La Justicia deberá determinar responsabilidades y, si la denuncia prospera, deberán intervenir Asuntos Internos de la Bonaerense, el Comité contra la Tortura del Ministerio de Justicia y la Fiscalía correspondiente.

El contexto provincial muestra una problemática en ascenso. Según datos del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, durante 2024 se registraron más de 120 muertes vinculadas a fuerzas de seguridad. En 2023 se contabilizaron 89 casos y en 2024, 107. Entre enero y septiembre de 2025, los organismos ya registraron 86 personas muertas en hechos con participación policial.

Para la Justicia, el caso del barrio San Pedro constituye una alerta urgente sobre prácticas que vulneran derechos básicos y que siguen afectando de forma recurrente a jóvenes de sectores populares.