El conflicto en torno a la jueza de Familia de Pilar, Laura Sabrina Citraro, sigue sumando denuncias y repercusiones públicas. En las últimas semanas, el abogado Marcelo Mendoza y la doctora Sheila Szpira renovaron sus acusaciones contra la magistrada, a quien señalan por presunto abuso de autoridad, amenazas, privación ilegítima de la libertad y maltrato judicial hacia las víctimas de violencia de género.

La causa principal, iniciada por Mendoza en el fuero federal bajo el expediente SJ-751/2025, se originó tras un episodio ocurrido el 7 de julio de este año, cuando el letrado fue citado al despacho de Citraro y, según su denuncia, fue obligado a permanecer encerrado por más de dos horas bajo custodia policial.

Mendoza afirma que durante ese encuentro la jueza lo amenazó con denunciarlo por supuestas amenazas en su contra. El caso se tramita en el Juzgado Federal 2, Secretaría 36 del Departamento Judicial de San Isidro.

Además de esta denuncia penal, Mendoza mantiene otro conflicto con Citraro vinculado a un proceso de adopción (expediente PL-11440/2022) que, según su relato, la jueza demoró injustificadamente durante 3 años. El abogado sostiene que la magistrada dictó una sentencia tardía y arbitraria que perjudicó el reconocimiento legal de su hijo, Esteban Aranda.

Por estos hechos, también presentó reclamos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Colegio de Abogados de San Isidro.

El caso de la doctora Sheila Szpira, abogada y madre, expuso otro costado del accionar de Citraro. Szpira denunció que la jueza la separó de sus hijos sin fundamentos y que, al intentar acceder a su expediente en el Juzgado de Familia 3 de Pilar, fue amenazada con ser detenida. Según relató, los niños fueron entregados al padre a pesar de las denuncias previas de maltrato, lo que encuadra (según organizaciones de género) en un caso de violencia vicaria.

En redes sociales, el hashtag #ViolenciaVicariaEsUnHecho se convirtió en una bandera de apoyo a las víctimas de decisiones judiciales que, bajo el amparo de tecnicismos legales, perpetúan el daño hacia madres y niños. Activistas feministas y familiares afectados remarcan que se trata de una forma de violencia institucional e indirecta, donde el agresor utiliza a los hijos como herramienta para castigar o manipular a la madre.

Diversos medios nacionales y provinciales reflejaron el caso, entre ellos La Postal de Mar del Plata, que publicó testimonios de Mendoza y Szpira. También se mencionó a la jueza Citraro en notas sobre denuncias similares, como las de la modelo Julieta Prandi y el abogado Miguel Rueda, quienes cuestionaron públicamente su desempeño en causas familiares.

Aunque circuló en redes que Szpira habría abordado el tema en el programa “Cortá por Lozano”, no existen registros televisivos disponibles de esa intervención.

De acuerdo con la información recabada, Citraro también enfrenta pedidos de investigación administrativa en la provincia de Buenos Aires. En agosto, fue desplazada del Juzgado 2 de San Isidro mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, y posteriormente reasignada al Juzgado 7 del mismo departamento judicial.

Los denunciantes sostienen que detrás de estos hechos existe un patrón de conducta que afecta a mujeres, niños y abogados que litigan en causas de familia. "No es un caso aislado, es una práctica judicial que debe revisarse a fondo", expresó el doctor Mendoza en una de sus declaraciones públicas. Por su parte, Szpira insistió en que su lucha es para que ninguna madre vuelva a sufrir el desamparo institucional que ella vivió.

La investigación judicial continúa abierta, mientras crece la presión social y política para que se esclarezcan los hechos denunciados. Desde los sectores que impulsan el movimiento #ViolenciaVicariaEsUnHecho, sostienen que el caso Citraro es un símbolo de la necesidad urgente de revisar el sistema judicial de familia en la Argentina.