El municipio de San Isidro atraviesa un conflicto sindical que gana temperatura con el paso de las horas. Los trabajadores del área de Espacio Público reclaman el pago de un bono que, según denuncian, el Ejecutivo local se niega a abonar pese a estar contemplado en un acta acuerdo firmada meses atrás.

Las asambleas comenzaron en el sector de Barrido y podrían escalar al resto de las dependencias municipales a partir del lunes 20, si no hay respuestas concretas. La tensión se instaló la semana pasada, cuando los empleados constataron que el monto prometido no había sido depositado y se multiplicaron las quejas internas.

El origen de la disputa se remonta al punto once del acta firmada entre el intendente Ramón Lanús y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI), en la que se establecía el pago de una suma no remunerativa de 120 mil pesos durante tres meses “a modo de prueba piloto”. El gremio asegura haber presentado distintas propuestas para concretar la medida, pero sostiene que nunca obtuvo una respuesta oficial.

La sorpresa fue mayor cuando la directora de Espacio Público, Clara Sanguinetti, les informó que el bono se haría efectivo sólo para diez trabajadores, sobre un universo total de casi quinientos. “La situación es dramática”, advirtió Omar Arce, secretario general del STMSI, quien remarcó que “el Ejecutivo no actuó de buena fe y pretende ocultarse detrás de una prueba piloto para excluir a la mayoría”.

Desde el municipio, en cambio, aseguran que los incrementos otorgados —10 puntos en julio y 8 en agosto— cumplen con lo pactado, y que la controversia radica en una interpretación errónea del acuerdo por parte del sindicato. Funcionarios municipales señalan además que el gremio buscó ampliar el alcance del beneficio cuando el plan todavía estaba en evaluación.

Sin embargo, los trabajadores insisten en que se trata de una maniobra dilatoria y denuncian una pérdida constante del poder adquisitivo. “Hay compañeros que no pueden pagar la luz o comprar una garrafa. Ese bono era un alivio momentáneo, pero el municipio lo negó sin siquiera dar explicaciones”, enfatizó Arce, quien ratificó que las medidas de fuerza continuarán por tiempo indeterminado.

En respuesta, los barrenderos ya interrumpieron tareas de limpieza en distintas zonas del partido y no descartan sumar a otras áreas si no hay avances en la próxima audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial, fijada para el miércoles 13.

En el sindicato advierten además que comenzarán una campaña pública para explicar a los vecinos “por qué no hay barrido”, y remarcan que “el 95 por ciento de los trabajadores de Espacio Público vive en San Isidro y también paga impuestos”. El conflicto se da en un contexto sensible: en los próximos días debería abrirse una nueva mesa paritaria trimestral, práctica habitual en el distrito incluso desde la gestión de Gustavo Posse, que Lanús había prometido mantener.

El trasfondo político también influye. Ramón Lanús, referente bullrichista y actual intendente, llegó al poder en 2023 tras derrotar en las PASO a Macarena Posse, rompiendo una hegemonía de cuatro décadas. Su administración mantiene un vínculo cercano con el gobierno nacional y busca proyectar peso propio en la escena libertaria. De hecho, Lanús fue convocado recientemente a Casa Rosada para evaluar su posible desembarco en el gabinete, en medio de los intentos del oficialismo por ampliar su base de gestión.

Mientras tanto, en San Isidro, los conflictos laborales comienzan a acumularse: el último antecedente fue en junio, cuando el personal del Hospital Central obtuvo un bono de 150 mil pesos y un aumento del 18 por ciento tras una serie de paros. El desenlace del reclamo de Espacio Público, advierten los gremios, marcará el tono del cierre de año en la administración municipal.