El caso de Santiago, un joven marplatense de poco más de 30 años que convive con múltiples patologías severas y más de setenta cirugías acumuladas, conmueve desde hace años a la comunidad local.

Su cuadro extremadamente complejo, sumado a la falta de respuestas de su obra social y a la discontinuidad de prestaciones médicas, motivó campañas solidarias, rifas y colectas públicas para sostener medicamentos, insumos y tratamientos indispensables.

Hasta ahora, el eje del debate giraba en torno al abandono del sistema de salud, la burocracia y los costos desmedidos. Sin embargo, nuevos testimonios ponen el foco en otro punto sensible: el manejo de las ayudas económicas por parte de la madre del joven, que es quien lleva adelante los pedidos públicos.

En conversaciones en off the record, distintas personas que colaboraron en el pasado expresaron dudas sobre el destino real de los fondos reunidos. Según relataron, la madre habría solicitado dinero en reiteradas ocasiones para internaciones y estudios médicos que, al ser verificados, no habrían coincidido con la información brindada.

Una de las fuentes afirma que aportó fondos para análisis que supuestamente costaban más de cien mil pesos, pero que al comunicarse con la clínica mencionada, no encontró registro de internación ni del estudio reclamado. Otra persona sostuvo que incluso llegó a cubrir un año de alquiler para la familia, y que tiempo después detectó inconsistencias en el relato sobre internaciones y urgencias.

Los testimonios también mencionan que un residente de California, Estados Unidos, habría enviado en el pasado ayudas económicas y materiales que, según él, no se habrían utilizado para los fines informados. Otros colaboradores dicen haber dejado de responder pedidos luego de advertir supuestas contradicciones en los relatos que recibían.

Ninguna de estas acusaciones cuenta, hasta el momento, con documentación pública, denuncias judiciales o verificaciones independientes, lo que deja a la situación en un terreno delicado.

Lo que sí emerge con fuerza es la necesidad de que, en casos de extrema vulnerabilidad y asistencia comunitaria, exista mayor transparencia, controles claros y acompañamiento institucional, tanto para proteger al paciente como para evitar confusiones, abusos o malas interpretaciones que puedan dañar a terceros.

Mientras tanto, la historia de Santi continúa atravesada por la fragilidad de su estado de salud y por un entorno familiar que enfrenta, en medio de polémicas y sospechas, la enorme carga emocional, económica y humana que implica sostener una vida marcada por la enfermedad. La comunidad sigue dividida entre la compasión, la preocupación y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurre detrás de uno de los casos más impactantes de la ciudad.