Según consta en la presentación penal, la disputa se habría originado por desacuerdos entre los socios iniciales, quienes se habrían acusado mutuamente por posibles maniobras de defraudación y estafa.

La denuncia habla de presuntos abusos de confianza, quebrantamientos contractuales y apropiación indebida de aportes, lo cual motivó el inicio de las actuaciones judiciales por parte de la fiscalía interviniente.

Con el avance de la pesquisa, el expediente habría incorporado nuevos elementos que vincularían a propietarios, representantes y socios de paradores, balnearios y locales gastronómicos de Pinamar y otras ciudades de la Costa Atlántica. Ese giro procesal colocó el foco sobre la posible existencia de un entramado comercial más complejo, que excedería el ámbito meramente inmobiliario.

En este contexto, la UFID dispuso la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE), organismo especializado dependiente de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires. Su tarea consistiría en analizar movimientos financieros, contratos, transferencias patrimoniales y posibles triangulaciones, buscando determinar si existieron patrones compatibles con maniobras ilícitas.

Los denunciantes se encuentran representados por los abogados Germán Facio y Fabián Améndola, ambos con trayectoria en procesos penales complejos. Sostienen que, de acreditarse los hechos denunciados, podrían configurarse los delitos de defraudación y estafa, tipificados en el Código Penal, cuando se demuestra que una persona habría obtenido beneficios económicos mediante engaños o abusos de confianza.

Uno de los desafíos centrales de la investigación será determinar si los hechos denunciados constituyen simples incumplimientos contractuales de carácter civil o si alcanzan el umbral penal exigido por la jurisprudencia, como el dolo específico, las maniobras engañosas y el perjuicio patrimonial comprobable.

Por el momento, el futuro del expediente dependerá de la evidencia reunida, de los informes de los peritos en materia contable y financiera y de la respuesta de los involucrados ante los requerimientos judiciales.

Entretanto, el caso ya estaría generando un debate sobre la regulación del mercado inmobiliario, el rol de los intermediarios y la prevención de delitos económicos en zonas turísticas estratégicas como la Costa Atlántica.